La Audiencia Nacional deniega la extradición a México de una viguesa por una estafa en la Riviera Maya

e. v. pita VIGO / LA VOZ

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La reclama la Fiscalía de Ciudad de México por un supuesto fraude de casi 700.000 euros a inversores inmobiliarios en el Caribe

05 feb 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

La Audiencia Nacional ha denegado la extradición a México de una empresaria turística viguesa de 43 años, afincada en Madrid. Era reclamada para ser encarcelada y juzgada en ese país como autora de una supuesta estafa de casi 700.000 euros a unos inversores inmobiliarios que querían promover chalés en una reserva de la biosfera de la Riviera Maya, en el Caribe. El presunto timo consistía en prometer licencias para el suelo y la urbanización. La denunciada se opuso a su entrega alegando que no cometió ningún delito y que tenía hijos de corta edad a su cargo.

La Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México quería que España le entregase a la viguesa para su inmediato ingreso en una prisión de ese país a la espera de juicio. Recordó que la mujer no acudió a una vista oral donde el fiscal iba a imputarle el delito. Ella negó que saliese huyendo de México y que, incluso, volvió como turista. Alega que el proyecto no era ficticio, porque iban por la fase de cimentación.

La Audiencia Nacional se negó a extraditarla, en esta fase procedimental, porque la investigada y su esposo, también implicado, están enraizados en España y ella es madre de dos hijos menores. Su inclusión en una cárcel de México sería «desproporcionada» y le trastornaría su vida y sus hijos quedarían en «desamparo». Además, hay la posibilidad de juzgarla en España.

El litigio comenzó en el 2015. La viguesa reclamada y su esposo eran miembros del consejo de administración de una sociedad que promovía proyectos turísticos y de desarrollo inmobiliario. Según la Fiscalía de México, le ofrecieron a unos inversores españoles «un ficticio proyecto de inversión y explotación» que consistía en obtener las autorizaciones y permisos para desarrollar seis lotes de terrenos en el Caribe mexicano y construir allí casas y otras edificaciones. La urbanización estaría enclavada en la Reserva de la Biosfera de Sian Kaan, en el municipio de Solidaridad, en la Riviera Maya. Esta zona protegida tienen playas, dunas, cenotes, arrecifes de coral, una selva tropical, y pumas.

En el 2017, los inversores, tras efectuar varios pagos, visitaron la zona para comprobar los avances de la obra y gestión del proyecto y descubrieron que nadie gestionó los permisos, por lo que les fue imposible desarrollar su plan de negocio. Reclamaron al matrimonio la devolución del dinero y este les contestó que habían destinado ese capital a otro proyecto «sin el consentimiento de los afectados». Según un peritaje de la Fiscalía General de México, el fraude ascendió a 16,3 millones de pesos mexicanos (691.682 euros).

La sala de lo penal número 2 de la Audiencia Nacional argumenta que la fase procesal en que se encuentra la causa en México es muy temprana, pues el enjuiciamiento no es inmediato ni próximo. Recalca el arraigo personal de la reclamada, su situación familiar con hijos menores a su cargo, y ve «desproporcionada» su entrega porque exigiría su ingreso en prisión y traslado a México «donde carece de vínculos personales o familiares, y además el desarraigo de sus hijos». La investigada tampoco es de «especial peligrosidad». Cree que la comparecencia inicial se podría celebrar en España «de un modo menos gravoso» mediante otro tipo de cooperación jurisdiccional entre los Estados e incluso no descarta juzgarla en España.

La Audiencia Nacional, por tanto, deniega la extradición de nacionales, prevista en el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua con México en materia penal de 1978, porque concurre una causa justificada de arraigo, desproporción de la medida y posible enjuiciamiento en España.