Condenan a la Xunta y al Concello de Vigo por proteger un yacimiento arqueológico

El Tribunal Supremo no admite a trámite dos recursos de casación y ambas instituciones indemnizarán a una empresa con no menos de 500.000 euros por parar un edificio


vigo / la voz

Las administraciones públicas, en su obligación legal de proteger el patrimonio histórico, pueden provocar graves perjuicios económicos a empresas o particulares y después los jueces fallar en su contra. Es lo que le sucedió a la Xunta y al Concello de Vigo, que acaban de ver cómo se hace firme una sentencia que les obliga a indemnizar a una promotora por haberle parado durante doce años las obras de construcción de un edificio de cinco plantas para 25 viviendas y garajes en los números 39 y 41 de la calle Marqués de Valladares.

El fracaso del proyecto constructivo debido a la aparición de un importante yacimiento arqueológico llevó a la ruina a la empresa promotora, que no pudo pagar la financiación contratada y el BBVA acabó haciéndose con el solar.

La empresa recurrió a los tribunales y el fallo le dio la razón considerando que no tienen «el deber jurídico» de soportar las limitaciones al aprovechamiento de suelo que provocaron la aparición de los restos arqueológicos.

Este fallo del TSXG data del año pasado y se ha hecho firme ahora porque el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite los recursos de casación que interpuso la Xunta y la empresa que se vio afectada, la promotora Inversiones Playamar, que reclamaba en su demanda una indemnización de 3,5 millones de euros.

De esta forma, la Xunta y el Concello deberán pagar un total 484.285 euros más los intereses legales desde el año 2013 a Inversiones Playamar. Esta cantidad son los gastos que la empresa realizó para redactar los proyectos, las licencias, la contratación del estudio arqueológico, demoliciones, así como el pago de tasas e impuestos.

Pero las administraciones local y autonómica aún tendrán que desembolsar una indemnización aparte. El TSXG les condenó también a compensar a la promotora por la pérdida de aprovechamiento como consecuencia de mantener los restos arqueológicos. Esta cantidad será el resultado de restar el coste que la empresa pagó para la adquisición de las dos parcelas, 1,1 millones de euros en total, menos el valor que hubieran tenido sabiendo que allí había un yacimiento arqueológico que no podrían tocar. «La concreta determinación de esa resta se difiere para el trámite de ejecucion de sentencia para que ese cálculo lo haga un arquitecto designado judicialmente», expresa el fallo.

Licencia del 2000

Inversiones Playamar obtuvo la licencia en el año 2000 para edificar en dos parcelas que había comprado y donde existían unas pequeñas edficaciones. Nada más comenzar las obras de demolición, la Xunta ordenó pararlas porque decía, disintiendo con el Concello, que estaban en una zona arqueológica. La dirección Xeral de Patrimonio autorizó un año después la licencia, condicionándola al resultado de una intervención arqueológica.

Así fue como aparecieron unas salinas romanas en un perímetro de 220 metros que limitaban la edificabilidad. Patrimonio ordenó en 2005 conservar los restos y taparlos para una musealización. Para compensar a la empresa, el Concello planteó un convenio urbanístico en el marco del Plan del Ensanche que le permitiera realizar su negocio inmobiliario. Pero los intentos de la promotora por desarrollar las opciones existentes estuvieron llenas de obstáculos y al final quebró.

El nuevo propietario es Avantaespacia, la división inmobiliaria de la corporación Inverante, propiedad del empresario Manuel Jove, que cerró con el BBVA la adquisición del solar, así como el edificio Ribas, sumando una superficie edificable de 6.700 metros para construir 39 viviendas, garaje y locales comerciales.

Una factoría romana de salazón del siglo I desde la que se exportaba pescado para todo el Imperio

Los restos arqueológicos que aparecieron en el solar de la calle Marques de Valladares están considerados como los más importantes descubiertos durante los últimos años en Vigo. Se trata de los vestigios de lo que se puede considerar como la primera fábrica de la ciudad. Es una factoria de salón del siglo I. Junto a ella, se encontraron unos pozos destinados a proporcionar agua dulce a la fábrica. Los arqueólogos desmontaron estos pozos y los trasladaron al Museo Quiñones de León, donde se guardan en cajas.

La dirección xeral de Patrimonio autorizó la excavación arqueológica que llevó a cabo la empresa Anta da Moura.

El conjunto prehistórico presentaba unas buenas condiciones de conservación y se cree que estuvo destinada a la exportación de pescado a otras zonas del Imperio Romano. El gran tamaño de las pilas de salazón de pescado, los arqueólogos calcularon que la producción se dirigía un mercado exterior.

Musealización pendiente

A finales de 2007 la Xunta asignó un millón de euros para musealizar la factoría, pero debido a la falta de acuerdo con los propietarios del solar, jamás se llevó a cabo. Los restos fueron cubiertos con tierra.

Este hallzago arqueológico de primer orden se encuentra enclavado en un área donde han aparecido otros restos del pasado, que constantan una ocupación continua desde el siglo I al XIV. Muy cerca de la calle aparecieron unas tumbas de la época tardorromana, es decir en torno a los siglos VI al VIII.

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