El juicio por el contrato en una concesionaria del Concello empieza mañana
22 ene 2019 . Actualizado a las 12:47 h.El funcionario Francisco Gutiérrez Orúe se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel, 30 de inhabilitación y 10.950 euros de multa por el enchufe de Vanesa Falque, la cuñada de la teniente de alcalde de Vigo y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. Está previsto que el juicio se celebre mañana y pasado en la Quinta Sección de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo. En el proceso también está acusado el gerente de la empresa que contrató a Falque, Imesapi, Ramón Comesaña, para el que el fiscal pide siete años de cárcel, 20 de inhabilitación y la misma multa. El Ministerio Público requiere que ambos devuelvan al Concello de Vigo los 108.147 euros que Imesapi cobró para, supuestamente, pagar a la cuñada de Silva. Si ellos no pagan, tendrá que hacerlo la empresa.
El fiscal no tiene dudas sobre que Orúe y Comesaña idearon un plan para contratar a una «mujer muy afín a un miembro del gobierno local», tal y como se refiere a la cuñada de Carmela Silva en su escrito de acusación. Ese plan pretendía dar un trabajo a Vanesa Falque vulnerando «los principios de libre concurrencia, transparencia y publicidad», dice el fiscal. La empresa gestionaba la atención al público y conserjería en los centros cívicos que dependían de la concejalía de Participación Ciudadana, en la que Orúe, militante del PSOE, era jefe de servicio bajo el mando del concejal Santos Héctor Rodríguez, que fue secretario provincial de ese partido.
La cuñada de la presidenta de la Diputación estuvo en nómina de Imesapi entre junio del 2008 y julio del 2013. Formó parte de la plantilla de esa empresa a pesar de que, según el fiscal, «no se necesitaba más personal en los centros cívicos. Siempre según el relato de la acusación pública, Vanesa Falque recibía órdenes de Orúe, que le encargó realizar encuestas sobre la calidad de los servicios municipales. Las nóminas se elaboraban «de forma mendaz en cuanto a cantidades y conceptos». El plan que el fiscal dice que tramaron los dos acusados consistía en que el Ayuntamiento adjudicaba contratos menores a la empresa para que esta destinase el dinero a pagar la nómina de Falque.
Con los contratos menores se evitaban los procesos de contratación con publicidad. Eran «facturas siempre inferiores a 18.000 euros para evitar la adjudicación del servicio mediante otro tipo de procedimiento sometido a los principios de concurrencia, publicidad, competitividad y mejor precio», dice el escrito de acusación.
A base de esos contratos menores, el Concello pagó a Imesapi un total de 108.147,22 euros, más el IVA. Fueron nueve contratos menores.
Según el fiscal, todo ello hace que Gutiérrez Orúe merezca ser condenado por tres delitos: prevaricación continuada, malversación y falsedad documental. Ramón Comesaña está acusado de cooperador necesario en la malversación y también de autor en la falsedad documental.
En la causa llegaron a estar investigados Santos Héctor Rodríguez y Vanesa Falque. Ambos fueron liberados de responsabilidad penal. En el caso del concejal, no quedó acreditado que él ordenase contratar a la hermana del marido de Silva. En el caso de esta, porque los hechos, de ser ciertos, prescribieron.