O Mulo, pendiente del Supremo por los 1.245 kilos de cocaína del Coral I

Algunas defensas ya han anunciado a la Audiencia su intención de recurrir la sentencia condenatoria


Pontevedra / La voz

Finalmente, será el Supremo el que tenga la última palabra con relación a la sentencia que condenó a Rafael Bugallo Piñeiro, O Mulo, y otros dieciséis acusados por los 1.245 kilos de cocaína intervenidos en enero del 2015 a bordo del buque Coral I. Por lo pronto, varias defensas ya se han dirigido a la Audiencia de Pontevedra para comunicarle su decisión de recurrir la sentencia condenatoria, lo que obligará al resto de representantes legales y a la Fiscalía a responder formalmente a los escritos de casación que se interpongan.

En el caso del ministerio público, por el momento, no ha trascendido si tramitará un recurso propio insistiendo en que O Mulo y el resto de encausados sean condenados por un supuesto delito de organización criminal, cargo del que fueron absueltos por la Audiencia. De este modo, a Rafael Bugallo le cayeron nueve años y medio por un delito contra la salud pública en concurso con un delito de grupo criminal, y año y seis meses por tenencia ilícita de armas, mientras que a Jaime Iván Bolados Geraldo, Pedro Miguel Brea Gago, Juan Carlos Nogueira Oubiña, José Gerardo Holguín Romero y Over Alberto Vence Córdoba les impusieron ocho. Seis años recayeron sobre Juan Manuel Ramos Alfonso, pena que se redujo en veinticuatro meses en el caso de José Benito Vieites Reboeiras.

En este punto, los magistrados capitalinos sostienen que «non albiscamos a concertación ou coordinación na repartición dos labores ou funcións propias entre todos eles, nin moito menos a existencia dunha mínima xerarquía seria cunha distribución de papeis, por moito que entre os citados destacase Rafael Bugallo». Inciden en que, además del grupo gallego, en el que incluyen a varios sospechosos naturales de Chile, había un segundo grupo de colombianos «que veu de Madrid con funcións de notario para dar fe do desembarco da droga», por lo que sí se aprecia la configuración de un grupo criminal

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el capitán del Coral I, Jonny José Gómez, y su tripulación. «Non se pode xa falar da existencia nin dunha organización nin tan sequera dun grupo criminal», remarcan al respecto.

Sonorización del coche

Por su parte, y en el caso de las defensas, todo apunta a que volverán a incidir sobre los aspectos ya sostenidos durante las cuestiones previas. Entre ellos, el relativo a la nulidad de las pruebas derivada de la ilegalidad de la sonorización del Renault Scénic conducido por O Mulo «co fin de proceder á escoita e gravación das conversacións que os investigados mantiñan no interior».

Sin embargo, la Audiencia, pese a declarar la ilicitud de esta prueba, entendió que no existía conexión entre esta y las restantes diligencias de investigación. Se alude a que ya entonces se contaba con una serie de indicios que permitirían, incluso, acordar la realización de intervenciones telefónicas. Así, el por entonces jefe del Greco, a la hora de solicitar la sonorización del turismo, refirió en un informe: «Las vigilancias a las que está siendo sometido Rafael indican claramente que cuenta con un almacén específico (astillero) junto a la Ría de Corme-Laxe en el que, junto con sus más fieles colaboradores, estaría trabajando sobre una lancha, tipo lanzadera, a utilizar con toda probabilidad en la actividad ilegal a la que históricamente se ha venido dedicando».

La Audiencia impuso multas que suman 4.738 millones de euros

Al término de la vista del pasado junio, el fiscal solicitó que se les impusiere a todos los acusados multas que sumaban 7.225 millones. La Audiencia rebajó esta cantidad hasta los 4.738.053.344 euros. De este modo, a la práctica totalidad de los acusados, incluido el propio Rafael Bugallo, O Mulo, le cayeron sendas multas de cien millones y de 178.063.839 euros, montante este último que coincide con el triple del valor de la droga intervenida en el Coral I -los 1.245 kilos de coca fueron tasados en algo más de 59 millones de euros-. Solo se rebajó estas sanciones en el caso de los procesados Juan Manuel Ramos y José Benito Vieites, de tal modo que, si a este último le condenaron a sendas multas de 44.515.960 euros, las del primero ascendieron a un total de doscientos millones.

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