María Inés, Gerardo y sus dos hijas tendrán que abandonar el piso el lunes ya que la propietaria no quiere renovar el contrato. Xunta y Concello buscan una salida
20 ene 2017 . Actualizado a las 11:30 h.En la ciudad donde supuestamente no se producen desahucios estuvo a punto de ejecutarse uno ayer, que además afecta a una familia con dos niñas de 4 y 5 años. El juez lo retrasó al conceder cuatro días de plazo a instancias de varias organizaciones sociales, para lo que era preciso el visto bueno de la propietaria del inmueble. La titular dijo que sí y el proceso para que la Xunta y el Concello se hicieran cargo de la deuda se puso en marcha. Sorpresivamente, unas horas después se retractó pese a que su negativa puede acarrearle quedarse sin los 3.000 euros que reclama por alquileres impagados.
La jornada para María Inés, Gerardo y sus dos hijas comenzó temprano. A las 9 estaba fijada la llegada de la comisión judicial para proceder al desahucio. Así lo estableció el juez el pasado día 14 tras aceptar la reclamación de la dueña del piso, a la que le deben diez meses de alquiler.
A la hora señalada estaban acompañados por varios activistas sociales, entre ellos María Pérez, presidenta de la Federación Vecinal, y Carla Leiras, de Os Ninguéns. Se inició una conversación con los responsables judiciales, a los que plantearon un aplazamiento para evitar romper la familia ya que carecían de un lugar alternativo en el que instalarse. Consultado el juez, aceptó una prórroga de cuatro días, hasta las 12 del mediodía del próximo lunes, lo que supuso un gran alivio para los afectados.
De inmediato, los grupos que apoyan a la familia se pusieron en marcha comenzando las gestiones con la Xunta y el Concello; en el primer caso ya habían establecido contacto los días anteriores, pero su petición al juzgado para retrasar el desalojo había sido rechazada. Ante la evidencia de una importante deuda, solo lo concedió por unos días al existir posibilidades de que la propietaria no saldría perjudicada.
Tras una conversación con la concejala de Benestar Social, Isaura Abelairas los derivó a la trabajadora social de la oficina municipal de la Praza da Princesa. Por su parte, otro grupo se encaminó a la delegación de la Xunta al objeto de conocer si la Administración autónoma dispone de partida económica para saldar la deuda.
Las gestiones ofrecieron un resultado por debajo de las expectativas de los grupos que apoyan a la familia en riesgo de exclusión. En el lado municipal, la aportación ofrecida inicialmente de 600 euros se quedó en solo 200, según los afectados, con la promesa de otra inyección económica tras el verano cuando se adjudique el cheque social. De lado autonómico, el bono alugueiro para ayudar al pago de un futuro alquiler (200 euros mensuales durante un máximo de dos años).
Sin embargo, no hubo respuesta para financiar la obtención por parte de Gerardo del carné de conducir camiones, ya que recibió una oferta de trabajo con ese requisito.
Todas estas conversaciones se truncaron cuando la propietaria del piso cambió de opinión y se negó a alquilar de nuevo la vivienda de la calle Barcelona a esta familia. Este hecho sorprendió a los implicados en ayudar a María Inés y Gerardo, ya que limita las opciones para resolver este conflicto social.
Dado el poco margen existente hasta el mediodía del lunes, desde la Xunta se ofreció realizar una nueva gestión ante el juzgado. El objetivo es lograr una prórroga de dos semanas para intentar alguna solución. Os Ninguéns y la Federación acudirán hoy a la sede judicial para conocer si dicho retraso es aceptado por el juez.
En estas circunstancias, la salida más efectiva sería que la familia dispusiera de una vivienda pública en régimen de alquiler social, pero está vedada: la Xunta agotó las que tenía en la ciudad y desde el Concello no se ofrece ninguna. De no existir prórroga, las dos niñas y la madre se irían con un familiar, para no perder la tutela ,y el padre tendría que buscar donde vivir.