La Xunta deja a la educadora sin tres meses de empleo y sueldo
11 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta ha impuesto una sanción de tres meses sin empleo y sueldo a una profesora de inglés del IES Terra de Turonio de Gondomar tras abrirle un expediente porque en sus clases hablaba la mayor parte del tiempo en español.
La asociación de padres del centro interpuso una denuncia contra M.A.B.H. ante la Consellería de Educación al sospechar que los alumnos de primer y segundo curso de la ESO no estaban recibiendo esta asignatura dentro de nivel adecuado a su curso. Un inspector docente comprobó que la profesora impartía presuntamente la materia de una manera muy básica y anotó en su informe que la mayor parte del tiempo la profesora se dirigía a sus alumnos en español.
La Consellería de Educación sancionó también a esta misma maestra por una falta de consideración hacia sus alumnos, dado que en alguna ocasión se dirigió a ellos empleando los términos de «imbéciles» y «verduleras». Después de que los instructores del expediente tomasen declaración a los estudiantes y, tras dar audiencia a la interesada, acordaron sancionarla con 15 días sin empleo y sueldo. Por otra parte, también fue castigada con un día sin empleo y sueldo por una falta contra la dignidad de los funcionarios y de la administración por las reiteradas bajas dentro del calendario escolar.
La maestra denunciada, que lleva casi un año de baja médica por depresión, recurrió estas sanciones. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Vigo deberá de decidir ahora si mantiene las sanciones, o bien anula los expedientes disciplinarios. Durante el juicio celebrado recientemente, la abogada de la Administración solicitó la denegación del recursos al considerar que las faltas de la maestra expedientada están tipificadas y era consciente de la gravedad de los hechos que le imputaban.
Problemas psicológicos
La profesora alegó en su defensa problemas psicológicos y el haber tomado medicación. Un psicólogo que intervino como perito manifestó que la educadora desarrolló una «fobia a su ámbito laboral» y que los antidepresivos que tomaba afectaban «llamativamente» a su capacidad. Sostuvo que lo adecuado hubiera sido esperar a que experimentara una mejoría y dejara de tomar medicación antes que incoarle un expediente administrativo.
La abogada señaló durante la vista una serie de posibles irregularidades que podrían dar lugar anular el procedimiento. Citó que la Administración no cumplió el principio de transparencia al no entregar a la profesora una copia del expediente, por lo que se encontró en una situación de indefensión.
Los instructores del expediente tampoco admitieron como prueba la realización de un estudio comparativo de la impartición de la materia entre todos los profesores del departamento. Tampoco la docente expedientada pudo estar presente en el momento en el que se llevaron a cabo los interrogatorios. Su defensa entiende que los alumnos podrían sentirse intimidados, pero no así la directora del centro, que se encuentra en un rango superior. Además no cree acreditada la falta de rendimiento de la profesora y que el trato desconsiderado a los alumnos fue ocasional. Respecto a las continuas bajas, manifestó que estaban acreditadas con informes del especialista.