El Gobierno recauda con el «tasazo» en Vigo el doble de lo que vale la justicia gratuita
VIGO
La Xunta pagó 1,8 millones en un año a abogados de oficio por 9.300 casos
28 oct 2014 . Actualizado a las 09:38 h.La Consellería de Xustiza abona 1,78 millones de euros cada año a los abogados de oficio de Vigo que atienden a los 9.343 pleiteantes que son beneficiarios de la justicia gratuita. El dinero que la Xunta invierte por ejercicio en representar a los litigantes de Vigo que carecen de recursos supone la mitad de los 3 millones que el Gobierno recauda en los juzgados de la ciudad con las tasas judiciales en un ejercicio. Dichas tarifas tenían como propósito sufragar la justicia gratuita pero, según la asociación SOS Xustiza, el Gobierno ha destinado parte de esos fondos a otros cometidos mientras recorta las ayudas a los litigantes más pobres.
Lo cierto es que las solicitudes de justicia gratuita se han disparado en Vigo en el último año a pesar de que la crisis parece remitir. Aquí se incluyen las asistencias letradas a detenidos o la representación de víctimas de violencia de género o de los maltratadores.
La oficina del Colegio de Abogados de Vigo que recoge las peticiones para contar con un letrado de oficio ha tramitado 7.367 casos en lo que va de año, a lo que hay que sumar cerca de 250 asistencias en comisaría a detenidos en octubre. Esta cifra de 7.617 expedientes supera en un 3,2 % los datos de hace un año, cuando se alcanzaron las 7.375 solicitudes.
De los 82.267 demandas que se tramitaron en los juzgados de Vigo el año pasado, el 11 % eran pleitos de justicia gratuita sin que el demandante tuviese que pagar una minuta al abogado o al procurador ni las tasas judiciales.
La cifra media que abonó la Xunta a los abogados de oficio por su trabajo en Vigo fue de 189 euros por pleito resuelto.
En cambio, el Gobierno recaudó en tasas judiciales en Vigo el doble de lo que cuesta la justicia gratuita. Las mil demandas de recursos civiles que la Audiencia tramita cada año generan un mínimo de 800.000 euros porque cada apelante debe pagar 800 euros, salvo si dispone de justicia gratuita.
Otra fuente de ingresos son los pleitos monitorios en los que un acreedor reclama una deuda en metálico al moroso. Entre enero y octubre hubo 4.500 pleitos de este tipo, lo que acarreó unos ingresos de 675.000 euros solo por el hecho de presentar las demandas. Hay que hacer la salvedad de que los monitorios de cuantías inferiores a 2.000 euros están exentos de tasas y muchas avispadas empresas han fraccionado sus facturas para que el litigio les salga gratis.
El Estado también ha hecho caja con las 1.000 demandas de preferentes registradas en Vigo en lo que va año, que dejaron 300.000 euros más un porcentaje de las cuantías en disputa. Otros 500 juicios ordinarios proporcionaron 150.000 euros más y 1.500 demandas verbales generaron 225.000 euros.
Con estas cuentas, la conclusión es que en lo que va de año, el Estado se ha embolsado más de 2,1 millones en Vigo en tasas judiciales. Sigue en la tónica del año pasado, cuando el fisco recaudó 4,4 millones en toda la provincia en estos precios públicos, unos 3 millones procedentes de Vigo. En todo caso, a día de hoy, la recaudación obtenida con las tasas en la ciudad ya supera lo que se gastó la Xunta el año pasado en abogados de oficio.
La tesis que plantea la plataforma SOS Xustiza es que la recaudación de las tasas no ha contribuido a ampliar el número de beneficiarios de justicia gratuita. No porque no haya fondos suficientes, como se ha comprobado en Vigo, sino porque «el Gobierno ha rebajado los umbrales económicos o los mantiene prácticamente, dificultando el acceso al derecho de asistencia jurídica gratuita».
SOS Xustiza se basa en el informe elaborado por la Comisión de Estudios de la Plataforma para decir que «más personas necesitadas quedarán excluidas de la asistencia gratuita a pesar de lo afirmado por el Gobierno». La asociación explica que el nuevo baremo que se paliza perjudica a los litigantes solteros y contabilizan los pisos y fincas del solicitante a pesar de carezca de ingresos o liquidez. Las unidades familiares con cuatro miembros o más son las más beneficiadas.
Sostienen que las tasas no han servido para financiar la justicia gratuita pero, en realidad, el presupuesto estatal quedó congelado. En Galicia, dicen, tampoco incrementaron esas partidas.