El precedente del caso hormigón

Rodríguez Quintas fue condenado e inhabilitado como alcalde de Baiona por comprar material de construcción a su empresa para obras públicas

Rodríguez Quintas volvió a la política y a la alcaldía tras su condena e inhabilitación.
Rodríguez Quintas volvió a la política y a la alcaldía tras su condena e inhabilitación.

redacción / la voz

El cóctel entre hormigón y política se ha atragantado con cierta asiduidad en los últimos años en los juzgados gallegos, desbordados por denuncias e insinuaciones en una dimensión en todo caso mucho menor que el crecimiento que la obra pública y la expansión del ladrillo que los años ochenta y noventa dejaron en su legado.

La crisis y la menor transigencia social están revitalizando la vía judicial y fiscal para cuestionar comportamientos políticos como el que dentro de diez días hará que se examine de nuevo ante la Justicia la convulsa relación entre hormigón y política. Los juzgados olívicos serán escenario de una actividad mediática frenética cuando los cuatro imputados en el caso del hormigón desfilen, con el concejal vigués Ángel Rivas en cabeza, para dar como imputados su versión en la causa que acumula ya más de 10.000 folios. Al edil de Abel Caballero la Fiscalía le atribuye sin ambages que «concertó con varias empresas, bien directamente por su condición de apoderado de Hormigones Valle Miñor, bien a través de otro apoderado, el suministro de material de construcción -cemento y hormigón- a las empresas que resultaron adjudicatarias según acuerdos de la junta de gobierno en las que él mismo participó o que resultaron beneficiarias de reconocimiento extrajudicial de crédito por unidades de obras realizadas mediante acuerdos de la junta de gobierno en cuya aprobación participaba el denunciado».

Argumentación similar ya fue expresada en 1986 desde la Audiencia Provincial cuando el tribunal consideró que el entonces alcalde de Baiona, Benigno Rodríguez Quintas «Chicho» se había valido de su cargo político «para obtener beneficios particulares» en la empresa Gondomar S.L, una hormigonera ubicada en el mismo municipio que en la que trabajaba Rivas. El regidor baionés era administrador y propietario de la empresa a la que él mismo y de forma directa había contratado el hormigón.

Una de las múltiples querellas criminales de la oposición fue atendida por la Audiencia, que la encontró tan razonada que le impuso a Rodríguez Quintas una fianza de 300.000 pesetas (1.803 euros) para poder mantener la libertad, aunque con la obligación de acudir los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado de Instrucción número cuatro de Vigo. Las escaleras de los juzgados que ocupaban el inmueble de la antigua cárcel de la viguesa calle del Príncipe fueron objeto de su peregrinaje quincenal hasta que la sentencia le acabó por apartar del sillón de mando del Concello de Baiona al inhabilitarlo para el cargo durante seis años.

Otras circunstancias

La causa que afecta a Rivas no es tan diáfana como la que le costó el puesto a «Chicho», pues en el caso del edil vigués las compras no se hicieron de manera directa sino a través de empresas adjudicatarias, tal y como mantiene la Fiscalía. Eso sí, el caso del hormigón vigués lleva aparejadas otra circunstancia más enrevesada y que puede depara nuevas imputaciones, al estimar el ministerio público que las «obras fueron encargadas al margen de todo procedimiento administrativo, incumpliéndose de manera generalizada las normas de contratación», cuestión que puede salpicar a más responsables del Concello vigués.

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