EU denuncia que a cientos de vigueses se les comunica solo por el «BOP»
08 ago 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Valedor do Cidadán de Vigo no es la única institución que se ha interesado sin éxito por los pormenores de algunas de las multas de tráfico que el Concello impone en la ciudad. También lo ha hecho el Defensor del Pueblo, quien ha solicitado información a la Administración local en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta.
Si en el caso del Valedor do Cidadán las denuncias partían de los propios ciudadanos, en el del Defensor del Pueblo fue el grupo político Esquerda Unida quien requirió a la institución española que investigase lo que entendía como «carácter recaudatorio y arbitrariedad» de muchas de las sanciones de tráfico impuestas por el Concello de Vigo. Concepción Ferrer i Casal, adjunta segunda al Defensor, informó hace un mes a la formación política que continuaba sin tener información del Ayuntamiento.
En su escrito, Esquerda Unida denunciaba que cientos de vigueses eran informados de la sanción por la vía administrativa solo a través del BOP, a pesar de que otras notificaciones llegaban sin problemas a sus domicilios. Ponía en tela de juicio la gestión de las notificaciones de la empresa concesionaria, «que en ocasións realiza mediante unha empresa postal privada propiedade da propia concesionaria, en vez do cauce ordinario do correo certificado da empresa pública Correos».
Para Esquerda Unida, lo que se hace desde el Concello no es más que una campaña recaudatoria en base, sobre todo, al capítulo de los expedientes sancionadores. Justifica sus afirmaciones en varias sentencias del Tribunal Constitucional (entre ellas la 54/2003, de 24 de marzo, y la 145/2004, de 13 de septiembre) que, a su juicio, prueban que «la jurisprudencia española prohíbe la imposición de sanciones por edicto».
La formación política explica en su denuncia que, pese a ello, el Concello niega que se esté faltando al deber de informar al sancionado, quien, en su opinión, no tiene la posibilidad de identificar al conductor o de alegar la sanción al haber vencido el plazo de alegaciones.
El Concello de Vigo impuso el pasado año 78.400 multas de tráfico, según datos facilitados en febrero por el propio responsable del departamento de Circulación. La cantidad que el Concello podría obtener por este concepto rondaría los ocho millones de euros, el doble de lo previsto. Sin embargo, nunca suele conseguir la cantidad correspondiente al total de las infracciones, pese a aumentar la recaudación desde que corre a cargo de una empresa privada con oficina en el centro de la ciudad.