El 5 de febrero del 2000 el vicepresidente del Gobierno Mariano Rajoy visitaba Vigo y anunciaba «el mayor esfuerzo del que soy capaz para suprimir el peaje de Rande». La caja de Audasa siguió engordando con los pasos sobre la ría hasta que en mayo del 2006, con Zapatero en la Moncloa, se levantaron las barreras y desaparecieron las cabinas, eso sí, pagando Gobierno y Xunta nueve millones de euros al año a cambio.
Pese a ese avance, el tramo Vigo-Pontevedra sigue siendo el más caro de toda la AP-9 y uno de los que soportan los peajes más altos de España. La ministra de Fomento, Ana Pastor, no solo comparte ese análisis, sino que incluso le enerva, porque estima que los vigueses y pontevedreses hemos pagado ya varios puentes de Rande e incluso también todo el tramo de autopista entre las dos ciudades sin tener la posibilidad de contar con una vía alternativa decente.
Ante ese malestar de la pontevedresa, Rajoy tiene ahora como presidente más posibilidades de hacer frente a la injusticia viaria que cuando prometió esforzarse para erradicar el peaje del puente, y esa capacidad debería plasmarse en algo más que en la enésima reformulación del proyecto de autovía que hace ya nueve años se diseñó para unir Vigo y Pontevedra de manera gratuita.
Aunque nada llegase a frenar ahora esa redefinición del citado proyecto, pasarán años antes de que se lleve a cabo y Rajoy pueda pagar sus deudas con el peaje, cuya vigencia el mismo PP de Aznar amplió del año 2023 al 2048 a cambio de la construcción de los tramos Neda-Ferrol y Rande-Puxeiros.
La concesionaria del vial cuenta con un real decreto firmado en la prórroga por el anterior Gobierno que le garantiza poder repercutir de nuevo en el peaje la prevista ampliación de Rande. Quizás la creación de dos carriles ya no sea tan necesaria como cuando se planteó hace tres años, visto el descenso del tráfico a cuenta de la crisis y el efecto que tendrá el AVE del Eje Atlántico. Por eso será necesario que Pastor le eche originalidad y haga frente al peaje antes de pensar en la autovía gratuita u otras obras. Las negociaciones abiertas por la ministra para tratar de propiciar una fusión de concesionarias de autopistas en España y hacer confluir a fondos de inversión que ganan cuantiosos beneficios en los viales más rentables para encargarse de las que están al borde de la quiebra, podría incluir también una solución para el tramo de la AP-9. De lo contrario, Rajoy no hará más que acumular una nueva deuda de peajes, y eso contraviene sus instrucciones de tratar bien a la provincia de Pontevedra.