El regidor reclama a Feijoo financiación pública para hacer el nuevo hospital y cubrir el déficit del de la Cruz Roja y deniega los terrenos de la depuradora y la Cidade da Xustiza
17 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El alcalde vigués está convencido de que la política de tensión con la Xunta va a darle réditos electorales. Debido a ello, Caballero no cierra un solo pacto con el gobierno del popular Núñez Feijoo desde que ganó las elecciones hace un año. Este enfrentamiento generalizado afecta a cuestiones de ámbito general como la fusión de las cajas de ahorro, pero tiene su exponente más espectacular en los asuntos locales.
Lo ocurrido ayer es una buena muestra de como van a discurrir las cosas hasta que dentro de un año se celebren las elecciones municipales. Caballero ha decidido que la decisión autonómica de introducir financiación privada en la construcción del nuevo hospital de referencia es un disparate sin paliativos. Por este motivo se quejó de que desde el pasado 5 de abril espera una reunión con el presidente para trasladarle un informe municipal, documento que según el regidor deja claro que el hospital puede hacerse en su totalidad con fondos públicos.
En el área sanitaria tampoco está de acuerdo con la decisión de Cruz Roja de cerrar el hospital de enfermos crónicos de Montero Ríos, una decisión que la oenegé justifica en el déficit que anualmente le genera. Tras reunirse con las dos reponsables de la organización en Galicia anunció su gran solución: que el Sergas financie este déficit, en cuyo caso la Cruz Roja no tendría ningún inconveniente en seguir adelante. «Me parece adecuado. La Xunta es la responsable de la asistencia sanitaria y de esta forma se garantizaría la atención a 60 enfermos y el mantenimiento de otros tantos puestos de trabajo».
Nuevos juzgados
El otro foco de conflicto es la ejecución de dos proyectos importantes para la ciudad, los dos paralizados por la falta de terrenos. La Xunta ha incluido en sus presupuestos fondos suficientes para construir la planta depuradora y la Cidade da Xustiza, que permitirá la construcción de un nuevo edificio judicial. En ambas casos su ejecución está paralizada debido a que el Concello no entrega los terrenos para ejecutar las obras.
El caso de la depuradora, el más complejo, se analiza unas líneas más abajo. Pero como ocurre con los juzgados, el alcalde trata de demostrar que la Xunta bloquea los proyectos pese a que las parcelas siguen sin ser puestas a su disposición. Hasta ahora el problema era la aprobación del Plan Xeral, que lleva casi dos años en vigor. Como el presupuesto municipal no contempla partida con esta finalidad, el alcalde dijo ayer que no es necesario «ya que se hará por ocupación directa». Se hará, pero hasta ahora no se ha hecho.