Los familiares se niegan a dejar el centro si no les firman que no se llevarán fuera de Vigo a sus seres queridos
31 mar 2010 . Actualizado a las 10:47 h.El Sergas avisa de que «la Fiscalía actuará» si los cinco enfermos que permanecen en el Hospital de la Cruz Roja no abandonan las instalaciones antes del martes, conforme al ultimátum que ha dado la oenegé sobre el cierre de las instalaciones. «La Fiscalía debe velar por el estado de esas personas».
El Sergas ha buscado residencias para reubicar a los 70 pacientes que había en el hospital. Pero cinco de ellos se niegan a marcharse si no les firman por escrito que les reubicarán en Vigo ciudad, rúbrica a la que se niega la Administración. La oferta de la Xunta consiste en trasladar a dos pacientes a Aldán y a otros tres, provisionalmente, a la residencia El Pinar, situada en la Carretera Vieja de Madrid. El coste mensual normal por interno en El Pinar supera los dos mil euros. La Xunta está dispuesta a firmar un concierto con esta residencia para abonar parte de los gastos. «Pero no sabemos cuánto durará este concierto», señala Marisol González, mujer de Enrique Álvarez Abalde.
Enrique estuvo nueve años en prisión condenado por pertenencia al Partido Comunista de España Reconstituido, el brazo político de los Grapo, y lleva once años en el hospital a consecuencia de una esclerosis múltiple. Su compañera trabaja todas las mañanas y por las tarde acude puntualmente a visitar a su pareja. «Personalmente no creo que venga la policía a sacar a los enfermos en camilla», dice esta mujer.
El caso de los otros enfermos es parecido. Rosa María Cendón, mujer de Pedro Carreira, que lleva tres años en coma dice que «nuestra hija necesita ver a su padre. Tiene diez años y sufrió un shock cuando su padre se quedó en coma».
El ERE, cuestionado
El expediente de regulación de empleo del hospital aún no ha sido aprobado pero ya han despedido a doce trabajadores temporales, explica Javier Prieto, de la CGT, sindicato que ha convocado hoy una concentración de protesta. Prieto señala que no hay argumentos económicos que avalen el ERE y afirma que el Tribunal Supremo ya tumbó otro ERE de un hospital catalán que hoy permanece abierto.