En pleno vaivén de acusaciones entre socialistas y populares por las licencias ilegales de Finca do Conde el PP decidió ayer reabrir el frente del Plan E. López-Chaves expresó en voz alta las sospechas que dice tener su grupo sobre la actuación de las subcontratas, principalmente por la negativa del gobierno vigués a facilitar la lista de sociedades que han intervenido en unas obras que han costado más de 50 millones de euros.
Según explicó, en junio pasado pidieron la lista de las empresas que intervinieron en este aluvión de proyectos, sin que obtuvieran respuesta. Posteriormente repitieron la demanda en septiembre y el alcalde les dijo que podían acceder a la documentación. «Así lo hicimos y allí no figuraba nada, ni existía tampoco un listado de subcontratas que estaban interviniendo, pese a que obligatoriamente las adjudicatarias tienen que facilitársela al Concello», explicó este edil en rueda de prensa.
«Las razones para no dárnoslas las sabrán ellos. Lo único que por ahora podemos hacer es denunciar este manto de ocultación, el silencio que mantiene el alcalde sobre la ejecución del Plan E. Y quede claro que no pedimos privilegios; es algo previsto en la normativa vigente y por tanto tiene que existir».
Empleados
Y no solo quieren saber que empresas han intervenido de manera real contratadas a su vez por las adjudicatarias nominales del proyecto. También reclaman la lista de trabajadores, el nombre de las empresas que los han contratado y el lugar de donde proceden. Según el gobierno, las obras supusieron la contratación de 1.600 personas, muchas procedentes de las oficinas locales de empleo.
«Ahora llega el Plan E en su segunda edición y nos tenemos que va a ocurrir lo mismo. No queremos que se petrifiquen millones de euros ni que se nos oculte información. Hay algo que no quieren exhibir y queremos ver que hay detrás», explicó.
Este ataque del PP se produce días después de que el concejal socialista Ángel Rivas anunciara la presentación de una querella contra el portavoz popular. José Manuel Figueroa atribuyó a la empresa de Rivas haberse beneficiado de la construcción del centro comercial Gran Vía y de las torres de viviendas mediante la venta de hormigón.
Previamente los socialistas habían reclamado la dimisión de Figueroa y Porro por la concesión de la licencia del centro comercial, que como el proyecto Finca do Conde ha sido anulado por los tribunales. El PSOE se había preguntado qué recibieron ambos políticos para conceder unas licencias que se presuponían ilegales.