Que vivamos en un mundo civilizado han de dar gracias, en primer lugar, algunos políticos. Si la sentencia definitiva sobre Finca do Conde la hubiésemos leído hace dos siglos, habríamos salido en masa a prender a los responsables.
El método más fino sería a la francesa. Carros de heno marcharían desde todas las parroquias hacia la residencia del ex alcalde Manuel Pérez. La multitud, con sus aperos de labranza, acompañaría al desfile.
En la farola de Urzaiz, colocaríamos el invento del cirujano José Ignacio Guillotin. Y, mientras las señoras hacían calceta a mayor gloria de Retales Lidia, el populacho en general haría la ola.
Este es el sistema fino, para la época. Y poco recomendable. En Vigo teníamos otro, menos cruento. Por menos de lo de Finca do Conde, hace doscientos años, en 1809, el pueblo de Vigo se echó a la calle y detuvo al alcalde, Alonso Cayro, y a toda su corporación, entre la que se contaban industriales de la talla de Marcó del Pont.
Como aquí se desconocía la cuchilla, en aquella magna ocasión los vigueses se limitaron a tenerlos encerrados en el castillo de O Castro, a la espera de que llegase el enemigo napoleónico.
Por fortuna, ni uno ni otro método, ni el francés ni el vigués, será aplicable en este caso. La civilización que hemos alcanzado nos permite leer la sentencia definitiva sobre Finca do Conde y sólo entonar un «¡mecachis!».
Para colmo, como es una más, tras decenas de despropósitos, parece que va a perderse en el mar de nuestras tempestades urbanísticas. Lo malo es que afecta a políticos que aún están en activo, y en primera fila.
Manuel Pérez concedió la licencia en 1999, en los últimos días de mandato, y con la oposición de la Xunta, gobernada por su propio partido. Todo el mundo sabía que era una ilegalidad, incluidos concejales de su grupo, que iban dimitiendo en cadena.
Lois Pérez Castrillo se equivocó luego cuando, amparándose en un informe del Consello Consultivo, permitió continuar la obra. Ventura Pérez Mariño llegó determinado a echarla abajo, pero sólo duró unos meses en el cargo. Así que Corina Porro siguió alentando el proyecto. Y terminó por conceder, bajo firma de su concejal José Manuel Figueroa, licencias de apertura y primera ocupación para viviendas y centro comercial. Todas estas actuaciones eran ilegales.
Ahora, la broma puede costarle al Concello, a todos los vigueses, 300 millones de euros. Lo que nos sale a más de mil euros por ciudadano, de cualquier edad. Los niños van a nacer en el Hospital Xeral llorando, pero por la deuda con la que ya vienen al mundo.
Ante esto, como somos una sociedad civilizada, sólo hacemos un mohín y murmuramos «¡caramba!».
Nadie, ni nosotros ni la Justicia, hará nada para que paguen los auténticos responsables.