Reclama una indemnización de cerca de 20.000 euros por cese, mientras el PP investiga el grado de cumplimiento de su trabajo
31 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Tres meses después de que el bipartito perdiese en las urnas la oportunidad de reeditar su presencia al frente de la Xunta, el Gobierno de Alberto Núñez Feijoo cuenta todavía con altos cargos del BNG incrustados en su incompleto organigrama. La más dura y agria transición se está produciendo en estos días en la Consellería de Traballo, donde sus nuevos responsables y el todavía gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, el ex alcalde de Vigo Lois Pérez Castrillo, están librando un combate que se tuerce un poco más cada jornada y que no sería de extrañar que acabase ante la Justicia.
La Consellería ha realizado una auditoría interna para investigar no solo lo que ha hecho Castrillo, sino lo que está haciendo desde que el PP llegó a la Xunta. La primera sorpresa de esa auditoría fue el no encontrarse en su puesto de trabajo de la moderna sede que el Consorcio tiene en Santiago a su máximo responsable. A partir de ahí los observadores que el PP ha dispuesto para comprobar el grado de cumplimiento de Castrillo han llegado a la conclusión de que el gerente por lo menos no madruga. La secretaria xeral de Familia y Benestar, Susana López Abella, ha llegado más lejos incluso, señalando en sede parlamentaria que el responsable del Consorcio no tiene una aparición regular en la sede del organismo dependiente de Traballo.
El ex líder del BNG vigués lo niega. Y además lo niega por burofax, según ha trascendido, método por el que además telegrafía sus movimientos, quejas, observaciones y envío de documentación, que se añaden a la petición de una indemnización por cese. En el PP aseguran no dar crédito y no entender como Castrillo no dimitió de su puesto después de perder su formación política las elecciones autonómicas.
Pero el ex alcalde, según ha dejado claro, no tiene intención de renunciar a una indemnización a la que en principio parece tener derecho por contar desde su elección para el puesto -en octubre del 2006- con un contrato de alta dirección. La cifra ronda los 20.000 euros, que la nueva Xunta estudia si hay lugar a su pago legalmente o no.
En todo caso, aunque Castrillo asegura haber remitido más de mil folios de documentación a sus nuevos jefes, fuentes del Ejecutivo mantiene que no hay manera de saber qué está pasando en el Consorcio, organismo que consideran sigue a todos los efectos en manos del BNG. De hecho, la página web del ente, creado para gestionar entre otras cuestiones las galescolas o los centros de día, mantiene todavía una imagen de Anxo Quintana presidiendo una reunión de su equipo cuando era vicepresidente de la Xunta y en la que Castrillo aparece a su derecha.
Por cierto, que las acusaciones del PP expresadas en el Parlamento llegan al punto de afirmar que el concurso por el que fue nombrado gerente Castrillo no fue más que un paripé.