Castigan a una «peixeira» de la lonja de O Berbés a pagar 8.000 euros a dos inspectores de la Xunta a quienes acusó falsamente de mentir cuando la pillaron vendiendo carioca ilegal
25 nov 2008 . Actualizado a las 11:38 h.Pezqueñines no, gracias. Una pescantina de O Berbés no solo pasó por alto la campaña para proteger a los alevines del pescado sino que por encima acusó de prevaricación y falsa denuncia a dos inspectores de la Xunta que la sorprendieron cuando vendía carioca en la lonja viguesa. El juez no la creyó y castigó a M.T.A.F. a tres meses de prisión por presentar una denuncia falsa contra dos inspectores de la Xunta, así como pagar una multa de 1.620 euros e indemnizar con 8.000 euros en total a los dos agentes de la consellería de Pesca por causarles daños morales. No se juzgó si ella efectivamente vendía o no los pezqueñines sino si la denuncia presentada por los agentes era auténtica.
La vendedora recurrió esa sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 2 de Vigo pero fue desestimada por la Quinta Sección de la Audiencia, con sede en Vigo, que confirmó el castigo para la pescantina. La sentencia es firme.
Los hechos se remontan al 26 de mayo de 1999, cuando los dos inspectores sorprendieron a la pescantina en la lonja de O Berbés cuando supuestamente vendía carioca, pescado que no superaba la talla reglamentaria. Se trata de una pescadilla o alevín de merluza menor de 27 centímetros. Los funcionarios levantaron un acta de infracción pero, unos meses después, la peixeira les denunció por un presunto delito de falsedad pues, según dijo, ella, el día de los hechos estaba en A Coruña. Alegó que los inspectores la confundieron con su cuñada, ya fallecida, que se parecía mucho a ella. Los agentes replicaron que era imposible confundirla porque la conocían como vendedora habitual y que su familiar era más baja, morena y corpulenta. Además, ella huyó y un testigo la vio pasar.
La Audiencia sostiene que la vendedora «denunció como falsos unos hechos en los que ella intervino directamente». Además, la condena a indemnizar a los funcionarios por causarles «daños morales» pues les imputó un falso delito grave cometido en el ejercicio de su cargo. Un agente sufrió de los nervios.