El pleno municipal aprobó el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) el 29 de diciembre pasado, hace justamente dos meses, sin que en este tiempo la Xunta haya movido ficha. A lo largo del año pasado se insistió en que la tramitación autonómica iba a ser rápida, algo que finalmente no se ha cumplido.
Para que el Plan Xeral vigués pueda entrar en vigor deben cumplirse dos requisitos: que Medio Ambiente certifique que cumple las exigencias de la normativa europea y, finalmente, que Política Territorial emita un informe favorable. Ambas consellerías están en manos de socialistas (Manuel Vázquez y María José Caride) pero hasta ahora ninguna de ellas ha pasado de las buenas palabras.
En medios municipales se da por supuesto que la primera no actuará hasta después de las elecciones del 9 de marzo para que la polémica que rodea el documento urbanístico no afecte al resultado. A partir de ese momento Política Territorial dispone de un máximo de tres meses para pronunciarse.
La conselleira Caride declaró en varias ocasiones que su voluntad era la de no agotar el plazo y que contaba con que en un mes se resolviera el expediente. Tal y como están las cosas, si en marzo se supera el examen medioambiental en abril podría cerrarse una complicada fase de elaboración iniciada en 2001.
El otro asunto que podría afectar a su entrada en vigor son las denuncias presentadas por las condiciones que rodearon la celebración del pleno de aprobación. De momento todas se sustancian en la vía penal, donde, ocurra lo que ocurra, no afectarán a su entada en vigor. Otra cosa sería si finalmente se presenta un recurso contencioso adminstrativo que pudiera anular la sesión.
En tal supuesto el alcalde tendría que convocar un nuevo pleno, repetir el envío del documento y esperar nuevos pronunciamientos de la Xunta. Esto es, un retraso de meses y un fracaso político del gobierno vigués.