Ruptura del consenso, amenazas más o menos veladas, baile de fechas y tensión, mucha tensión. Así de extraña está resultando la tramitación del Plan Xeral de Vigo por parte del alcalde Abel Caballero. Las contradicciones en que ha incurrido con un documento vital para el desarrollo de la ciudad solo han contribuido a generar más incertidumbre social, política y económica.
El documento que marca el devenir de Vigo para los próximos 25 años no cuenta con el apoyo del PP (13 de 27 concejales de la corporación), ni de agentes sociales como la asociación de promotores y la federación vecinal. Consideran que Caballero ha roto la baraja del juego al aplicar un 40% de vivienda protegida sobre urbanizaciones que ya estaban diseñadas con anterioridad. El BNG, socio de gobierno, considera imprescindible un mayor grado de consenso y así lo ha hecho saber el nacionalista Santiago Domínguez. ¿Por qué tanto baile de fechas y ahogo para aprobarlo? Caballero prometió en la campaña electoral que el plan quedaría resuelto este mismo año y ha ido forzando las fechas del pleno (la última, el 26 de diciembre). Ese empeño está generando mucha tensión. En los técnicos, que tratan de casar números in extremis , e incluso en el propio alcalde, que ha acusado a los dirigentes vecinales de ser unos manipuladores y a los promotores inmobiliarios de soltar «bazofia informativa». Lo más curioso es que el plan no entrará en vigor hasta febrero o marzo, si la Xunta da el visto bueno. ¿Por qué se oculta el documento y se hacen entregas parciales? «Corina, ven que te entrego un cedé del Plan General», le dijo el portavoz socialista Carlos Font a la jefa de la oposición el pasado jueves en Castrelos durante el acto de la Constitución. Cuando el PP vio su contenido se llevaron el mismo chasco que los agentes sociales el día antes: el disco no contenía más que 23 planos de difícil comprensión y sin ningún tipo de edificabilidades o memoria justificativa. ¿Por qué se amenaza a los propietarios de terrenos? El Concello ha llamado esta misma semana a promotores y vecinos para exigirles que firmen los convenios o perderán las edificabilidades. Primero les dieron de plazo hasta el viernes y luego hasta el lunes, pero no les dieron las fichas de los ámbitos para ver con detalle cómo quedan. El alcalde lo ve de lo más normal. Promotores, vecinos y PP hablan sencillamente de «chantaje».
Lo más sorprendente, a la postre, quizás no sea presumir de que en Vigo se harán 63.000 viviendas protegidas (por cierto, la media es de un 40% pero a unas urbanizaciones se le aplica mucho más y a otras mucho menos) sino dar por bueno el exceso de cemento (140.000 nuevos pisos) que el PSOE denunció durante años.