El denunciante, un ex secretario municipal, renuncia a pedir que se lleve adelante el fallo
25 mar 2007 . Actualizado a las 07:00 h.El edificio de la Xunta en Vigo, que acoge a más de seiscientos funcionarios, se librará del derribo, pese a ser declarado ilegal por el Tribunal Supremo hace casi medio año por no ser compatible con los usos portuarios a los que se destina el terreno donde se ubica. El recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Concello que aprobaba con carácter definitivo el Plan Especial del Puerto fue interpuesto en su día por un ex secretario municipal a título personal. Este letrado, José Ramón Rodríguez-Sabugo, anuncia que no pedirá la ejecución de la sentencia «porque no voy de martir» y se lamenta de que ningun ciudadano, ni los interesesados en el Puerto lo hayan hecho. Explica que cualquier persona está legitimada para solicitarlo al tratarse la suya de una acción popular. La ciudad en contra El abogado recuerda que en su día, cuando se construía el edificio de la Xunta junto al borde marítimo «todo Vigo estaba en contra» porque no tenía sentido una sede administrativa en ese lugar, obstaculizando una vez más la vista de la ría y ajena totalmente a los usos portuarios. Esta circunstancia le animó a ejercer su derecho como ciudadano, de ahí que ahora se sienta defraudado al comprobar la respuesta vecinal. A esto se viene a sumar el gran significado e importancia que como institución tiene el puerto para Vigo, de ahí su sorpresa por la inexistencia de una respuesta contundente. En el momento de interponer el recurso, José Ramón Rodríguez-Sabugo solicitó la colaboración de la Cooperativa de Armadores y todavía espera respuesta. Pese a lo delicado del tema, que además del Concello atañe a la Zona Franca, como promotora, y a la propia administración autonómica, el letrado vigués no ha recibido presiones. Lamenta que el único apoyo que ha tenido en su denuncia haya sido el de la justicia, aunque, al final, se quede todo como estaba. El edificio de la Xunta se encuentra situado en un extremo del paseo de las Alamedas y Montero Ríos y se enmarca dentro del polémico proyecto Abrir Vigo al Mar. La presión popular sólo consiguió en su día que se rebajase el número de plantas de una de las dos torres, pero no llegó a impedir su construcción.