El puerto podría enfrentarse a una lluvia de demandas por los cobros indebidos

El puerto de Vigo podría enfrentarse a un histórico aluvión de demandas por cobros indebidos de las tasas portuarias desde el año 2003, si se materializan en los tribunales las intenciones que numerosas empresas expresaban ayer en privado. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que considera nulos los recibos girados a una de las firmas concesionarias, será, sin duda, la hoja de ruta para que los letrados de las compañías en suelo portuario vigués y en esta misma situación, «que pueden ser casi todas», según fuentes solventes, hagan lo propio y pleiteen hasta lograr que la Autoridad Portuaria les restituya el dinero cobrado de más desde entonces. La sentencia del alto tribunal gallego concluye que la subida de tasas no es potestad de la institución portuaria, a la que reconoce su capacidad administrativa, sino que al tener aquellas la consideración de rango legal, corresponde al legislador, esto es, el Parlamento español, la aprobación de sus posibles cambios. La demanda presentada por el letrado Manuel Dopico, y ahora validada por el TSXG, se apoya en sentencias anteriores dictadas por el Tribunal Supremo, en las que se sostiene precisamente que los cambios de las tasas son coto exclusivo de las leyes y, por tanto, son terreno del legislador y nunca de actos administrativos. El presidente de la institución, Abel Caballero, por su parte, se limitó a decir ayer que «no tengo la notificación de la sentencia, y no puedo decir nada sobre esto». De las cerca de un millar de concesiones que tiene autorizadas el puerto en este momento, la más cara es la correspondiente a la firma asturiana Flota Suardíaz, con un coste anual de casi un millón de euros, por la ocupación de una superficie de unos 200.000 metros cuadrados en el área portuaria de Bouzas. Esta autorización es usada, en la actualidad, por otras navieras europeas que se dedican al transporte de coches por vía marítima, después de que la filial de logística de PSA Peugeot Citroën, Gefco, no renovase el contrato con la empresa española para el transporte de sus coches producidos en Vigo. Además, el puerto pretende, precisamente, recuperar esta concesión en Bouzas de forma anticipada. Desde el 2003 Sea como fuere, según la sentencia dictada el pasado día 24 por la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, el puerto de Vigo deberá devolver dinero cobrado indebidamente desde el año 2003 a una de las firmas concesionarias. Se estima que serán menos de 25 millones de las antiguas pesetas. El auto de la sala respondía así a una demanda interpuesta a instancias de una empresa del sector naval que ocupa en régimen de concesión un espacio marítimo-portuario, y que fue objeto de un incremento de la tasa desde esa fecha del 1.036%, tras autorizarlo el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de septiembre del año 2002. En el auto, el alto tribunal gallego declara que «se acuerda la nulidad de las liquidaciones del canon por utilización de terreno de dominio público portuario girada por el organismo público de referencia, condenando a la Administración demandada a la devolución de su importe con el correspondiente interés devengado desde la fecha de ingreso hasta el momento de la ordenación de su pago».

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