Análisis | La polémica urbanística La exposición pública de doumento urbanístico se despidió ayer con más de un millar de reclamaciones; las cifras son lo de menos para el PP pese al malestar que reflejan
16 abr 2005 . Actualizado a las 07:00 h.La consulta ciudadana un tanto etérea que supone la exposición pública de un Plan General concluyó ayer en Vigo con una masiva participación. Nada menos que 1.350 alegaciones se presentaron el último día pese a tratarse de una jornada de sábado. Aunque el total no se conoce y aún tardará en saberse varios días, muy probablemente la cifra superará las 50.000, una cantidad significativa en una ciudad de 290.000 habitantes, menores incluidos. Además, parte de las reclamaciones provienen de colectivos numerosos, caso del partido socialista o el Colegio de Arquitectos, por citar dos de ellos. El gobierno vigués pretende ahora resolver en dos meses esta ingente cantidad de reclamaciones y aportaciones, que de todo hay. Y es que el conjunto de alegaciones puede de entrada dividirse en dos clases: aquellos que consideran que el Plan General está muy bien y quieren contribuir a perfeccionarlo (por ejemplo la del Bloque o las de la federación vecinal) o las que parten del presupuesto contrario y más bien pretenden paralizarlo o modificarlo en profundidad introduciendo cambios drásticos. Pronunciamientos Además de las cincuenta mil alegaciones en Vigo se han producido varios actos de protesta contra el plan, señaladamente la manifestación de ocho mil personas esta misma semana. El conselleiro Núñez Feijoo la minusvaloró días atrás al considerar la cifra muy reducida. Vino a decir, más o menos, que quien no estaba en la marcha respaldaba el plan. Con parecida argumentación podría establecerse que aquellos que no alegaron el documento urbanístico están a favor de su actual redacción. Ante lo perogrullesco de la tesis alguien podría responderle que la forma de medir la importancia de la manifestación sería convocar una a favor o recoger firmas (previa identificación) en apoyo del Plan General. Si el volumen era superior su valoración quedaría certificada. La solución, posiblemente, sería que la apuesta en favor de un reférendum por parte de los colectivos que se oponen al nuevo Plan General, saliera adelante. Pero todo parece indicar que el PP, y el Bloque, no están por la labor. De momento mantienen la exigencia de 20.000 firmas y no 12.500 para que puedan convocarse. Así que habrá que contentarse con el estudio de las alegaciones, un proceso complicado que el Concello debe cuidar con el esmero que el tema se merece.