Los próximos 8 y 9 de marzo, el Juzgado de lo Penal número uno de Pontevedra dirimirá uno de los episodios más oscuros de la huelga de Transportes La Unión, en el año 2001. En la madrugada del 26 de junio de aquel año, cuatro dirigentes sindicales de la Confederación Intersindical Galega (CIG) fueron detenidos por la Guardia Civil cuando viajaban a bordo de Renault-5, de color rojo. Al parecer, los agentes del instituto armado hallaron en el interior del automóvil dos pistolas de aire comprimido del calibre 4,5 milímetros con doce bombonas de recarga, así como tres cajas de munición, otros tantos pasamontañas, dos tubos de pegamento y media docena de aerosoles de color negro y rojo. Horas antes, varios vecinos de O Grove observaron cómo unos individuos rompían las ventanillas de unos autobuses de la empresa Monbus que se encontraban estacionados en la zona portuaria de la citada villa. Además, estos testigos manifestaron que los causantes de los daños acaban de bajarse de un vehículo de características similares al Renault-5 en el que se encontraban los sindicalistas en el momento de ser arrestados. Se trata de Rafael Iglesias, secretario comarcal de la CIG; Antolín Alcántara, miembro de la ejecutiva nacional del sindicato nacionalista; Xosé Luis Cid, de CIG-Vigo; y Marcos Fernández. Para todos ellos, el fiscal tiene previsto solicitar una pena de dos años de prisión por un delito de daños. Mas contundente se muestra la acusación particular. El representante legal de la compañía Monbus sostiene que los cuatro procesados son autores de un delito de coacciones, por el que mantiene una petición de tres años de cárcel.