Las asociaciones de consumidores tramitan quejas por estafas telefónicas y multipropiedad Si se envía dentro del plazo legal, la empresa debe devolver roto el documento firmado
26 jun 2004 . Actualizado a las 07:00 h.El fraude destapado esta semana en Internet, que ha provocado la detención de varias personas en la provincia de Pontevedra y que desmanteló una red que desviaba conexiones a la Red a un número de pago con un coste muy superior a la navegación habitual, ha reavivado la polémica en torno al uso de los 906, 907 o 806. Las asociaciones de consumidores advierten sobre algunos hábitos necesarios a la hora de detectar alguna anomalía. Una joven entró desesperada en la oficina de la Unión de Consumidores de Vigo. Acaba de cometer una auténtica locura. Unos días antes había acudido a una convención en un hotel de Pontevedra con la promesa de recibir 300 euros. Allí, los comerciales le presentaron la oportunidad de compartir en uso y disfrute un apartamento en régimen de multipropiedad en Marbella, le hicieron firmar un cheque en blanco y cerró un contrato de 20.000 euros, con 300 euros de descuento para la entrada. Al llegar a su casa, la joven se arrepintió de su precipitada decisión, sobre todo tras leer la letra pequeña del contrato. La habían engatusado con unas paradisíacas vacaciones en Ibiza pero el folleto sólo mencionaba un apartamento en Marbella. Ahora no sabía cómo rechazar la oferta. La abogada Laura Magdalena y el presidente de la asociación, Venancio Gregores, le redactaron un burofax para anular el contrato en el plazo legal de diez a quince días. La sociedad de multipropiedad tuvo que devolver el contrato roto en dos pedazos, como ordena la ley. Otros afectados, que incluso llegaron a pedir un préstamo, no tuvieron tanta suerte pues no les dio tiempo a reaccionar dentro del plazo. Ahora, mientras pagan los recibos, rezan para que la sociedad no se disuelva de un día para otro. Infiltrado Gregores y su esposa se infliltraron en una sociedad multipropiedad. Éstos acudieron a una de estas convenciones y se hicieron pasar por un matrimonio pardillo y firmaron todo menos el cheque en blanco y tampoco dieron el número de cuenta. En una reunión posterior, plantearon a la jefe de los comerciales la posibilidad de deshacer el contrato y «nos amenazaron con hundirnos pues, según ellos, nos tenían pillados». Gregores les envió al día siguiente un burofax y le devolvieron el contrato roto. El burofax es el sistema más utilizado por las asociaciones de consumidores para rechazar los contratos tramposos, abusivos o fraudulentos. Este tipo de certificados se envían por fax con el contenido visible y sellado por Correos por 11,50 euros, Tienen validez legal. La mayoría de las bajas de contratos telefónicos irregulares se anulan así. «Las compañías ignoran los fax y las cartas certificadas con acuse de recibo pero no pueden obviar un burofax porque queda registrado quién la recibió y en qué día», afirman Gregores y Magdalena. Generalmente, la compañía se limita a dar de baja al nuevo abonado porque, según justifican, el contrato no se ajustó a la legalidad vigente. Decenas de usuarios llaman cada semana a las asociaciones de consumidores porque algunas operadoras telefónicas les han dado de alta sin su consentimiento, les reclaman el pago de las facturas de dos meses y les amenazan con incluirles en sus listas privadas de morosos. «Las víctimas son generalmente personas de la tercera edad», dice Magdalena. Las empresas alegan que poseen un contrato con la firma y el número de cuenta del abonado que protesta. Muchos afectados se preguntan cómo es posible que las teleoperadoras hayan conseguido sus datos personales. Números de cuenta «A una vecina le cargaron el coste en una cuenta antigua que ya no utilizaba y en otro caso enviaban los recibos al banco de una persona fallecida hace dos años. Son indicios de que podría existir un tráfico de datos personales», alerta Magdalena. A los comerciales les basta con hacer un garabato para simular la firma del nuevo abonado, una vez que averiguan el número de cuenta. A veces, se presenta a los jubilados un operario con la insignia de Telefónica y les dice que existe una nueva campaña llamada Auna o Uni2, y les piden permiso para recortar la cabecera del recibo del teléfono con sus datos y número de cuenta. Un mes después, la víctima recibe una carta donde Auna o Uni2 le dan la bienvenida. «Telefónica envía ahora el número codificado en su factura para evitar abusos», explican.