Bouzas y Vigo mantuvieron un conflicto que llegó a las más altas instancias del Estado. Fue en el siglo XVI y coincide con la vigencia de los señoríos juridiccionales. Mientras el Arzobispado de Santiago ejercía el señorío sobre Vigo, el Obispado de Tui hacía lo propio con Bouzas. La polémica surge entorno a quién tenía el derecho a comercializar con la sal, salar el pescado y poseer alfolíes (almacenes de sal). La disputa llegó a la Real Audiencia de Galicia donde se falló a favor de los derechos de Bouzas. Vigo apeló a la Real Cancillería de Valladolid donde vuelve a dar la razón a los boucenses. Dos ediles Ya tras la anexión, Bouzas se reserva una prerrogativa importante, contar siempre con dos ediles en la corporación de Vigo. Esta cuestión quedó derogada con la llegada de las elecciones democráticas que no tenían en cuenta las designaciones territoriales. Esta pérdida se unía a la pérdida del juzgado propio y la recaudación de impuestos. En 1941, Lavadores seguiría los pasos de Bouzas.