Cada año, al final del ejercicio, la administración gallega y el TSXG envían al CGPJ un informe denominado Memoria de Necesidades en la que propone nuevos órganos judiciales que suelen ser aprobados posteriormente. El Tribunal Superior ya se ha comprometido a estudiar si la provincia de Pontevedra necesita dos juzgados de lo Mercantil. El primer juzgado, según la ley, debería situarse en la ciudad de Pontevedra _jurisdición de la que dependen los pleitos de O Porriño_ por ser capital de provincia aunque el segundo podría ubicarse en Vigo por ser una zona industrial y una de las diez grandes ciudades de España. El TSXG también se mostró dispuesto a estudiar las reinvindicaciones enviadas por la plataforma por la Justicia de Vigo, especialmente la petición del octavo juzgado de Instrucción. Si Vigo dispone de ocho jueces instructores tendría derecho a crear un segundo juzgado de guardia especializado en juicios rápidos, lo que liberaría al resto de los magistrados instructores y los funcionarios. El Secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, no es favorable a crear nuevos juzgados en Vigo al considerar que «la ciudad ya está suficientemente dotada». Los colectivos vigueses han reaccionado en piña contra la negativa del Gobierno a crear un juzgado más de Instrucción o una nueva sección de la Audiencia y le acusan de manipular las estadísticas judiciales.