El fiscal no halló pruebas de una gestión irregular del Ayuntamiento El archivo del proceso judicial abre una vía para legalizar al fin la polémica urbanización
08 abr 2003 . Actualizado a las 07:00 h.? No hay pruebas. Como se esperaba desde que el fiscal propuso hace un mes el archivo del caso, el Tribunal Supremo dió ayer carpetazo a uno de los mayores escándalos urbanísticos generados en la ciudad. La presunta mala gestión del Ayuntamiento en la urbanización Rosalía de Castro implicó en el asunto al ex-alcalde Carlos Príncipe, al actual regidor local, Lois Castrillo; a la diputada autonómica Dolores Villarino... y así hasta 32 nombres entre los que figuran concejales, ex-concejales y funcionarios. Según los denunciantes, encabezados por Eduardo Canabal, junto a Ángel Maneiro y Fernando Pérez Suárez, el Concello perdió, o dejó de ingresar, 824 millones de pesetas (casi cinco millones de euros) en la operación. De acuerdo con el fiscal, en cambio, nada prueba que la actuación seguida por los responsables municipales de entonces sea penalmente punible ahora.Lo cierto es que el carpetazo judicial al caso Rosalía abre una vía para la legalización de varios bloques de edificios (la urbanización contenía 600 viviendas) en una de las calles más céntricas de la ciudad.Ninguna de las viviendas afectadas podía presumir de una licencia de primera ocupación, desde que en 1995 comenzaron a ser habitadas. Muchos de los bajos comerciales están todavía pendientes de apertura porque no era posible su legalización mientras no se despejase el futuro de la denuncia.El Supremo, que en el 2002 se declaró competente para juzgar el caso, consideró determinante un informe de la Universidad Politécnica de Cataluña, que sostiene que la cesión de terrenos se realizó «no con criterios de mercado, sino atendiendo a que la actuación versaba sobre terrenos sin urbanizar y que lo que debía calcularse, por tanto, era el aprovechamiento urbanístico de los mismos, que no siempre puede reducirse a términos de rentabilidad económica». El informe concluye que el Ayuntamiento no erró en la operación sino que salió beenficiado.