El gobierno vigués considera un problema insalvable la sentencia que anuló la de Pontevedra El gobierno vigués ha decidido paralizar la tramitación de la valoración de puestos de trabajo, aunque esta decisión podría no hacerse pública. La división política y sindical que ha provocado en el Concello ya era un problema difícil de soslayar. La reciente sentencia del Tribunal Superior que anuló la aprobada en Pontevedra hace tres años ha sido la gota que ha hecho rebosar el vaso. La decisión fue adoptada por Xabier Toba y Delfín Fernández, pero la conoce y comparte Lois Castrillo.
15 may 2002 . Actualizado a las 07:00 h.En la tarde del pasado martes Xabier Toba y Delfín Fernández se reunieron con dos altos funcionarios del Concello para analizar la situación creada por la sentencia mencionada. El sector del grupo socialista que representa Delfín Fernández y los nacionalistas eran los principales defensores de una valoración que rechazan el Partido Popular y el edil del PSOE Carlos Príncipe. En este encuentro los técnicos explicaron la situación existente y las posibilidades reales de que la valoración p udiera salir adelante. Los datos aportados no debieron ser muy optimistas ya que ambos concejales decidieron que lo más prudente era aparcar la valoración. Terminada la reunión el alcalde fue informado de su contenido. En fuentes del gobierno vigués se llegó a calificar de «insensata huída hacia adelante» la posibilidad de mantener la valoración. El objetivo es «evitar que el Concello se empeñe en mantener una situación de inseguridad jurídica permanente». En este sentido cabe recordar que el convenio de 1995 fue parcialmente anulado por los tribunales y que el actual, de 1999 y que incluye la polémica valoración, ha sido también recurrido a la espera de los que decida la justicia.