Según la información facilitada por el juzgado de Vigo al Tribunal Supremo, el plan especial de reforma interior gracias al cual se construyeron unas 600 viviendas y el aparcamiento subterráneo de Rosalía de Castro «supuso para el Ayuntamiento una disminución patrimonial superior a los ochocientos millones de pesetas, pasando por alto requisitos de procedimiento de obligado cumplimiento que, de ser observados, hubiesen impedido ese perjuicio». Los hechos ocurrieron en la etapa del gobierno tripartito (1991-1995), siendo alcalde el socialista Carlos Príncipe y concejala de Urbanismo Dolores Villarino. Por un lado, se le adjudicó a una empresa en plena propiedad subsuelo bajo la red viaria «lo que supone una operación de dudosa legalidad». Por otro, la Agencia Tributaria hizo una valoracion pericial de los bienes entregados por el Concello a la junta de compensación de Rosalía de Castro que ascendía algo más de 1.331 millones de pesetas. Pero el Ayuntamiento sólo recibió 686 millones de los propietarios, «con lo que se evidencia que esa operación supuso a la Administración municipal una disminución patrimonial de 646.127.974 pesetas». Además, según la investigación judicial, el Ayuntamiento no tenía que haber asumido las cargas por urbanización y construcción de aparcamiento, que ascendía a casi 178 millones. Ese gasto correspondía a la empresa adjudicataria. De ahí que en total las arcas municipales perdiesen 4,95 millones de euros (unos 824 millones de pesetas). Otro hecho importante es que el estudio de viabilidad del proyecto de Rosalía de Castro «no consta en los archivos del Ayuntamiento», pese a que la empresa que lo gestionó asegura que sí lo entregó.