El Gobierno considera a las Xuntas de Montes empresas mercantiles y pretende obligarlas a pagar el impuesto de sociedades. La mayoría de las comunidades de montes emplean el dinero que ingresas por las talas en reforestación y en obras de tipo social en su parroquia. Admiten que Hacienda cobre al comunero que se beneficia de un reparto de beneficios, pero no que le cobre a la comunidad. Los representantes de la UE se comprometieron a ver la posibilidad de rebajar el IVA, algo que no satisface plenamente a la organización. El segundo problema está relacionado con las ayudas de la UE para reforestación, que buscan mantener la biodiversidad y que la población no abandone el rural. En Galicia, afirma Belarmino Barreiro, produce los efectos contrarios. Las ayudas sólo son para reforestar zonas de labradío, cuando el monte bajo gallego está en gran parte a matorral y no se puede acoger a estas ayudas.