Los procuradores denuncian que Xustiza no aporta ayudas económicas El decano del Colegio de Procuradores de Vigo, Javier Soaje, advirtió ayer que este colectivo no podrá mantener el servicio de notificaciones de los juzgados más allá del próximo mes de enero. Soaje explica que el colegio debe invertir 48.080 euros (ocho millones de pesetas) anuales en estas oficinas, que trasladan escritos y documentos a los juzgados. Los procuradores se plantean paralizar el servicio porque ya no pueden sufragar los gastos y la Xunta no aporta ayudas económicas.
25 sep 2001 . Actualizado a las 07:00 h.La paralización de este servicio, que registra y notifica 200 escritos diarios con sus correspondientes copias, obligaría a los abogados a entregar personalmente en los juzgados todos los asuntos. En realidad esto no sería posible -matiza el decano Soaje- porque los 125 procuradores colegiados en Vigo son los representantes legales que ostentan exclusivamente dicho procedimiento. Por este motivo, si la junta general acuerda suspender en enero el servicio de notificaciones, «se paralizarían los juzgados porque afectaría a la tramitación de los procedimientos civiles» y retrasaría las causas penales de la Audiencia. El decano de los procuradores explicó ayer que el colegio de Vigo «hizo un gran esfuerzo» para contratar a cinco empleados con el fin de atender las oficinas de notificación de los partidos judiciales de O Porriño, Tui, Ponteareas, Redondela y Vigo. Además, el colectivo tuvo que adquirir cinco equipos informáticos y abonar una «costosa» programación adecuada para el funcionamiento del servicio. La función de estas oficinas es trasladar escritos y documentos. La nueva ley de Enjuiciamiento Civil, promulgada el pasado mes de enero, obliga a los procuradores a prestar este servicio, que antes desempeñaban los propios juzgados, ahora liberados de esta carga. «Es impensable que un colectivo como el nuestro pueda sostener esta red de oficinas sin ningún tipo de ayudas», afirma Soaje. A principios de año, el colegio vigués recurrió a la consellería de Xustiza para conseguir ayudas económicas que sufragasen el servicio. El colegio aceptó poner en servicio las oficinas pero alegó que era «imposible» aguantar dicha situación más de unos meses sin subvenciones. De no percibir ayudas, el colegio se vería obligado a suspender el servicio por falta de dinero para sufragar los gastos. El mantenimiento de la red del partido judicial de Vigo supone un coste anual de 48.080 euros (ocho millones de pesetas) para gastos de personal que cubra esas oficinas. A ello hay que añadir la compra e instalación de cinco ordenadores, su programación y mantenimiento, junto a las facturas telefónicas y de fax. El decano asegura que el conselleiro de Xustiza, Antonio Pillado, prometió ayuda económica, «en cuantía que no llegaría a cubrir el coste real pero que supondría una importante descarga. Ello nos permitiría sufragar el resto». El decano cree que el colegio vigués no podrá soportar esta carga un ejercicio más y que la junta general «debería suspender el servicio».