Castrillo y Príncipe llegaron ayer a un «acuerdo político» para lograr al menos la aprobación inicial antes de fin de año El gobierno de coalición BNG-PSOE tampoco presentará en tiempo y forma sus segundos presupuestos. En el mejor de los casos sólo la aprobación inicial se producirá antes de final de año, lo que conlleva necesariamente la prórroga del documento anterior. Las discusiones sobre el reparto del dinero destinado a inversiones (2.000 millones gracias a la subida de impuestos) ha motivado el retraso. Lois Castrillo y Carlos Príncipe se reunieron ayer en la alcaldía, en presencia de la interventora, para tratar de apurar un acuerdo. El calendario más optimisma pasa ahora por lograr que entren en vigor a finales de enero o comienzos de febrero. El presupuesto, cercano a los 25.000 millones de pesetas, será el más elevado de la historia del Ayuntamiento vigués.
23 nov 2000 . Actualizado a las 06:00 h.De 9.00 a 10.00 horas, aproximadamente, Castrillo y Príncipe cerraron un «acuerdo político». Ahora falta que los técnicos cuadren los números, para que los presupuestos puedan llevarse a pleno entre el 20 y el 30 de diciembre. ¿Por qué se vuelven a incumplir los plazos legales? Fuentes del gobierno municipal reconocieron ayer que ha habido problemas para elaborar el capítulo de inversiones. Éste va a crecer un 15% porque el Concello recaudará más con los impuestos y tasas municipales. En algunos casos, el incremento es bastante superior al IPC: agua (12%), basura (17%), IBI (13%) y construcción (75%). La aprobación de las ordenanzas fiscales a finales de octubre supuso un revulsivo de cara a la elaboración de los presupuestos. Incremento En teoría, ahora mismo hay un principio de acuerdo entre el BNG y el PSOE para que cada concejalía vea incrementadas sus partidas en una cuantía similar al IPC (sobre el 4%). Pero tendrá que ser cada departamento el que decida cómo quiere distribuir el dinero que maneja. Lo cierto es que los problemas existen incluso para agotar el actual presupuesto. Intervención registra una gran actividad por pagos indebidos de las distintas concejalías y la obligación de redistribuir los gastos antes de que llegue el 31 de diciembre.