Las cadenas aún confían en hallar una solución para los canales de TDT
TELEVISIÓN
El Gobierno anuló el viernes nueve frecuencias
26 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Las cadenas de televisión no concedieron excesiva importancia a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre que anulaba la concesión de canales de TDT aprobada por el anterior ejecutivo en julio del 2010. En todo momento, hasta el pasado viernes, confiaron en una solución pactada con el Gobierno que impidiera que tuvieran que renunciar a algunas de sus frecuencias, nueve en total, que, según el dictamen, habían sido otorgadas sin atender a la Ley General del Audiovisual.
Así lo manifestaron a través del comunicado conjunto emitido por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), en el que ponen el énfasis en la contradicción entre los mensajes que el Ejecutivo les había transmitido desde entonces y la decisión adoptada el viernes. «Desde la Sentencia del Tribunal Supremo, los organismos competentes del Ministerio de Industria han venido comunicando a Uteca la confianza de que se iba a subsanar el problema suscitado por los errores y carencias del funcionamiento de la propia Administración», señalan. «Esas comunicaciones, junto con la sencillez de las distintas soluciones que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para enmendar los errores destacados por el Tribunal Supremo, motivaron que los asociados de Uteca confiaran en que las citadas soluciones iban a aplicarse en el corto plazo», añaden en el comunicado.
A él se siguen remitiendo Antena 3 -que tendría que renunciar a tres canales- y Mediaset España -que pierde dos-, que en plenas vacaciones de Semana Santa no han querido valorar la medida más allá de lo expresado en este documento.
El grupo Vocento, que también debería desalojar dos de sus cuatro frecuencias según dicta esta resolución, confía en «una solución satisfactoria al problema suscitado», según recoge Efe a partir de una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo señala que una vez se conozcan los detalles del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes «estudiará las medidas que en derecho le correspondan en defensa de sus intereses» y entiende que este asunto no tendría impacto en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012 ya formuladas.