El informe también elimina las referencias actuales al estbalecimiento de porcentajes fijos para la programación de producción propia.
21 ene 2012 . Actualizado a las 07:02 h.El Gobierno permitirá a las televisiones públicas externalizar servicios como los espacios informativos una vez que quede aprobado el anteproyecto para la reforma de la actual Ley General de Comunicación Audiovisual. Además, el informe elimina también las referencias que hace la legislación actual al establecimiento de unos porcentajes fijos para la programación de producción propia.
«Hasta ahora, la ley general fijaba un porcentaje mínimo de producción propia para las cadenas públicas y establecía qué servicios no se podían encargar a terceros privados, entre ellos los espacios informativos», indican fuentes del sector. Esto desaparecerá una vez aprobada la reforma legislativa propuesta por Rajoy. «Ahora se modificarán varios aspectos para permitir que una televisión de titularidad pública pueda ser confiada a terceros y sin los condicionantes que tiene ahora la ley, de forma que no habrá límites», sostienen las mismas fuentes.
Estas modificaciones, válidas para todas las televisiones de titularidad pública, afectarían a las cadenas autonómicas, pero no a Radio Televisión Española, que se rige, a su vez, por otras normas, la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
El Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó un informe para la reforma de la actual ley del audiovisual con el objetivo de permitir a las comunidades autonómas decidir libremente el modo de gestión que más les interese para su televisión pública.
Libertad de gestión
Según establece el nuevo texto, cada comunidad podrá optar por la gestión directa, indirecta o por una colaboración del sector público y privado, una decisión que quedará a juicio de cada Gobierno autónomo.
El Gobierno central sostiene que solo de este modo podrá conseguirse una mejora en la gestión de estas cadenas y el consiguiente ahorro encaminado a la reducción del déficit público y a garantizar la viabilidad de los trece canales existentes.