Durante décadas, las mujeres han sostenido el sector marítimo-pesquero desde ámbitos esenciales. Sin embargo, cuando se observan los órganos de gobierno, las mesas de negociación o las fotografías oficiales de reuniones y actos institucionales, el patrón se repite: una presencia femenina limitada que contrasta con su peso real. No es una anomalía. Es estructural. El 18 de mayo, Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, vuelve a situar a las mujeres del mar en el centro. Pero esa visibilidad debería servir para abordar una cuestión más profunda: el acceso al poder.
Cada año se multiplican las iniciativas orientadas a dar visibilidad a las mujeres: jornadas, campañas o reconocimientos. Sin embargo, esa exposición convive con una realidad persistente: los espacios donde se toman las decisiones continúan fuertemente masculinizados.
Existe el riesgo de que estas dinámicas se queden en un ejercicio de apariencia. Se destacan trayectorias individuales mientras apenas cambian las condiciones que dificultan la participación en igualdad. Se celebra a quienes logran abrirse camino en estructuras desiguales, pero rara vez se cuestiona qué modelos de liderazgo se legitiman y hasta qué punto contribuyen a transformar estas estructuras.
Con frecuencia, la atención recae en perfiles que encajan en el modelo dominante, mientras se desplazan aquellas voces que plantean cambios más profundos. En el ámbito marítimo-pesquero, las políticas de igualdad siguen demasiado centradas en lo simbólico, ignorando que la cuestión de fondo pasa por garantizar presencia efectiva en los espacios de decisión. Detrás de ello operan dinámicas profundamente arraigadas que delimitan quién puede participar y en qué términos: barreras, a menudo invisibles, pero decisivas.
Por eso, la transformación no puede depender únicamente del esfuerzo individual. Administraciones públicas, cofradías y entidades representativas del sector marítimo-pesquero deben asumir un compromiso activo con la igualdad e impulsar políticas decididamente feministas que garanticen una participación real y transformen estructuras que siguen reproduciendo desigualdad. Se necesita algo más que un cambio de imagen o la incorporación de mujeres a espacios históricamente masculinizados sin modificar sus dinámicas. El reto pasa por abrir realmente los espacios de decisión y cuestionar inercias que siguen limitando las condiciones de participación en igualdad.
El 18 de mayo debería servir precisamente para eso: para abrir debates incómodos y recordar que la igualdad no se mide solo en quién está, sino en quién decide y en qué condiciones. En el fondo, es una cuestión de reparto del poder.
Sandra Amezaga es coordinadora xeral de Mulleres Salgadas.