Nuevas directrices para la acuicultura: entre la frustración y la oportunidad
SOMOS MAR
La Comisión europea viene de hacer pública la Comunicación dirigida al Trílogo, al Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones, que fija las directrices estratégicas para el desarrollo de la acuicultura en el decenio 2021-2030.
Ese nuevo instrumento toma el relevo de las tres comunicaciones que lo precedieron (comunicaciones CE nº 511/2002, 162/2009 y 229/2013), adaptando las directrices al reforzado contexto medioambiental actual, a la vez que renueva su confianza en el desarrollo del sector con los objetivos una vez más de «descarbonizar la economía, luchar contra el cambio climático, reducir la contaminación … [hacia] el objetivo cero en materia de contaminación para lograr un entorno sin sustancias tóxicas, y formar parte de una gestión de los recursos más circular».
Hace unos días hemos conocido también la respuesta del comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca a una pregunta parlamentaria sobre el impacto del tan discutido artículo 18 de la Ley del Cambio Climático en nuestra Ley de Costas, y por tanto en las expectativas de desarrollo, y aun de pervivencia a medio y largo plazo, del sector acuícola y la cadena mar-industria.
El comisario reafirmó la apuesta comunitaria, y además anunció la inminente constitución de un grupo de trabajo que evaluará esa reforma legal española a la luz de las rotundas directrices para el impulso del sector acuícola sucesivamente adoptadas por el Trílogo comunitario en las dos últimas décadas.
¿Qué alcance tienen ambas novedades? A priori, son satisfactorias. Por un lado, las nuevas directrices para el sector confluyen con la estrategia De la granja a la mesa, que fija el objetivo de «estimular el consumo de alimentos sostenibles y fomentar una alimentación saludable y alcanzable para todos». Y añade, por primera vez en la historia, el mandato de no autorizar alimentos importados que no cumplan las normas medioambientales que rigen en Europa.
Una medida alentadora por fin, tras muchos años reclamando sin éxito en Bruselas el level playing field (o igualdad en las reglas de juego) que esperemos se llegue a aplicar y el rigor ambiental no siga rigiendo solo para las producciones autóctonas.
Por otro lado, la investigación sobre el artículo 18 anunciada por el comisario se puede considerar un espaldarazo a la alarma que esa reforma legal suscitó entre nosotros, y la constatación de que algo vio también Bruselas en una reforma que, solo por el hecho de elaborarse sin evaluación de posibles daños y sin previo análisis compartido con las comunidades costeras afectadas, ya resultaría cuestionable.
Con ello, la Comisión recoge la inquietud de sectores que están haciendo bandera de la defensa de la producción alimentaria autóctona frente a la irresponsable pasividad ante la desaparición paulatina de nuestro producto pesquero a manos de importaciones foráneas (próximas al 70% del pescado consumido en la CE). Y permite entrever al menos la intención de Bruselas de examinar el grado de cumplimiento por los Estados de una de sus directrices estructurales en política alimentaria en las dos últimas décadas. Una iniciativa que, mientras ampare competencias propias y respete las ajenas, nos parece muy positiva como mecanismo de contrapeso para el control, recíproco, entre Administraciones públicas cuando unas u otras rebasan, o como en este caso incumplen, las atribuciones que les competen.
Hasta ahí, correcto: estamos ante dos iniciativas en línea con la preocupación expresada una y otra vez por nuestros sectores. Sin embargo, con Bruselas ocurre que todo tiene dos lecturas:
1. Por una parte la Comisión vuelve a poner de manifiesto las enormes carencias de decisión y gestión administrativas que vienen obstaculizando el desarrollo del sector, hasta el punto de tenerlo paralizado desde hace décadas, y concluye afirmando que el crecimiento sostenible de los sectores acuícolas de la UE «es ahora más pertinente que nunca», para lo cual vuelve a emplazar a los Estados a que reimpulsen el desarrollo.
2. Y por otra recuerda que se ha de seguir avanzando hacia el inacabable pero nunca bien definido ideal comunitario de la sostenibilidad plena que la Unión tiene como objetivo para el 2050. Para todas las actividades; y en el caso de las marítimas bajo los principios específicos, además, de la Blue Economy (Economía Azul), la estrategia Farm to fork (De la Granja a la Mesa) y el paquete Green Deal (Pacto Verde).
Se trata de dos objetivos muy potentes, cada uno en lo suyo. Pero como es habitual en la densa maquinaria de objetivos programáticos, llama la atención la facilidad con que a menudo se exige a los Estados impulso y crecimiento para determinadas producciones locales, mientras se establecen directrices y exigencias regulatorias maximalistas y abstractas, de cumplimiento costoso e incierto.
Con todo, se agradece el reconocimiento y el impulso emprendido por la Comisión, pero sería ingenuo creer que es suficiente. La trayectoria de los proyectos presentados y los que quedaron por presentar en estas dos décadas evidencia que hacen falta tres cosas: más iniciativas propicias; más consenso de los órganos administrativos gestores de los sectores pesqueros con las demás instituciones comunitarias, ministerios y consejerías autonómicas no especializados, tan ajenos y desafectos a nuestra realidad; y un impulso más activo dirigido desde arriba. Todo ello en la dirección de impulsar el desarrollo de un sector mar industria nacional europeo capaz de cubrir la creciente demanda de pescado de nuestra población.
Y pensando en términos de país, es evidente además que Galicia lo necesita más que nadie, pues el enorme valor acumulado en décadas de especialización económica marítima tiene la peligrosa contrapartida de nuestra infradotación en otros sectores y actividades ajenas al recurso pesquero. Una desventaja prácticamente infranqueable si tenemos en cuenta que nos hallamos inmersos en un entorno regulatorio híper restrictivo, en el que las cada vez mayores limitaciones legales para los autóctonos impiden de hecho el ejercicio rentable de casi cualquier actividad productiva.
Ojalá la respuesta de la Comisión sea extrapolable más allá de la anécdota concreta del artículo 18, y el impulso dado por la nueva Comunicación de la Comisión a uno de nuestros sectores productivos de futuro se haga extensivo a todos, porque todos son parte de un complejo tejido mar alimentario incomparablemente sostenible que ninguna autoridad, propia o ajena, puede dejar que desaparezca.
Fuera no hay nada mejor.