Los vecinos del entorno de las que eran las antiguas oficinas de Vidal Armadores bien podrían haber tenido la impresión de estar ante un déjà vu de lo ocurrido hace casi justo un año
08 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Los vecinos del entorno de las que eran las antiguas oficinas de Vidal Armadores -donde un rótulo indica que ahora se está en las dependencias de Proyectos y Desarrollos Renovables (PDR)- bien podrían haber tenido la impresión de estar ante un déjà vu de lo ocurrido hace casi justo un año. El 11 de marzo pasado, agentes policiales e inspectores del Ministerio de Agricultura irrumpían en las oficinas ribeirenses en busca de pruebas con las que demostrar que desde allí se gestionaban las actividades ilícitas de varios pesqueros que operaban ilegalmente en aguas de la Antártida.
Pero esa impresión de bucle enseguida se desmontó. A diferencia de lo ocurrido hace un año, cuando arrancó la primera parte de operación Sparrow, el registro se hizo sin ruido. Entonces, el vecindario se enteró de la redada por los golpes y los gritos de los agentes ordenando a los trabajadores que les dejasen entrar, que hacían oídos sordos a las exigencias. Ayer, los agentes llegaron provistos de material adecuado en previsión de que se repitiese esa negativa. Traían instrumental específico para abrir puertas que no se quieren franquear y, a pesar de que lo sacaron del maletero del coche, no fue necesario emplearlo, por lo que volvió al lugar del que había salido.
También eran distintos los uniformes de los agentes que registraron las oficinas. El azul de la Policía Nacional dio paso al verde de la Guardia Civil y los funcionarios de Agricultura a agentes de la Interpol y la Europol.
Multas por casi 18 millones
Ahora bien, un año después del primer registro es de suponer que el material incautado no sería tan abundante como el que entonces salió de las oficinas ribeirenses. De aquella salieron del local cajas con más de 3.000 documentos que durante nueve meses se estuvieron analizando hasta que Agricultura lanzó su propuesta de sanción contra la empresa Vidal Armadores: tras detectar 48 infracciones administrativas, 44 de ellas muy graves, impuso multas que sumaban 17,84 millones de euros. Daba así por implicados a los administradores de Vidal Armadores en una trama empresarial, con ramificaciones en el extranjero, montada con la finalidad de lucrarse de la pesca pirata.
Buques paralizados
El expediente se vinculaba con la explotación de los buques Songhua, Yongding, Kunlun y Tiantai, todos ellos incluidos en la lista negra de varias organizaciones internacionales de pesca y perseguidos por distintos Gobiernos y asociaciones ecologistas, así como por la Interpol, que lanzó notas púrpuras para obtener información para los tres primeros. Hoy todos están retenidos. El Songhua y el Yongding fueron localizados en Cabo Verde, mientras que el Kunlun, que se había dado a la fuga en Tailandia, fue apresado en Senegal hace un mes escaso.