La propuesta del Gobierno plantea añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
26 feb 2026 . Actualizado a las 20:23 h.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves que el Consejo de Estado acaba de emitir un informe favorable a la idea del Ejecutivo de blindar el derecho al aborto en la Constitución, por lo que ha asegurado que promoverán este cambio porque la ley actual «no se cumple» en su integridad al derivarse a clínicas privadas. Durante el acto de apertura de la campaña electoral del PSOE de Castilla y León, organizado en Burgos, Sánchez ha ironizado con que la derecha y la ultraderecha le acusarán de nuevo de usar este tema como «cortina de humo», pero ha atribuido a la «casualidad» que el informe del Consejo de Estado haya llegado hoy.
El Consejo de Estado avala el anteproyecto de reforma constitucional del Gobierno para incorporar de forma expresa el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución. «Así pues, con independencia de las distintas posibilidades abiertas al Constituyente, el Consejo de Estado no ve obstáculo jurídico en la reforma consultada por el Gobierno, cuya tramitación podría así proseguir», concluye el dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press. La propuesta del Gobierno plantea añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar su prestación en condiciones de igualdad.
En su dictamen, el Consejo cuestiona que la elección del artículo 43 pueda estar vinculada a la mayor facilidad del procedimiento de reforma previsto en el artículo 167 de la Constitución, que no exige la disolución de las Cortes Generales, a diferencia del artículo 168 aplicable a los derechos fundamentales. En este sentido, advierte de que el procedimiento de reforma «debe ser la consecuencia» del contenido elegido y no «su causa».
«Se trata de consideraciones de oportunidad política que, desde un punto de vista constitucional, no deberían ser tenidas en cuenta a la hora de elegir el precepto objeto de la reforma. La decisión de reformar uno u otro precepto constitucional ha de realizarse atendiendo únicamente al contenido de la reforma propuesta, en el marco de la Constitución. El procedimiento de reforma aplicado debe ser la consecuencia de esta decisión y no su causa», señala el dictamen.
De la misma manera, subraya que la constitucionalización del «derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo», en aras de la «protección de los derechos fundamentales de las mujeres», no encuentra un «natural acomodo» dentro del derecho a la protección de la salud del artículo 43 de la Constitución.
También señala que la exposición de motivos de la propuesta del Ejecutivo precisa que «si bien es cierto que la STC 44/2023 constitucionaliza, vía interpretativa, este derecho, nada obsta para que un eventual cambio jurisprudencial pueda dar lugar a una regresión, esto es, a un retroceso en el reconocimiento y garantía de este derecho». Esta consideración, según explica el Consejo, «constituye un juicio de oportunidad política que, como tal, no debería incluirse en el texto de la iniciativa».
En esta misma línea, recomienda que «se ha de velar por que el proyecto se limite a sus estrictos términos jurídico-constitucionales, con toda sobriedad».
Igualdad celebra el respaldo
Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad han celebrado el respaldo del Consejo de Estado a su propuesta para blindar el aborto en la Constitución. «El dictamen favorable del Consejo de Estado supone un respaldo jurídico clave a la propuesta de reforma constitucional que busca reforzar el derecho al aborto dentro del marco del artículo 43, relativo a la protección de la salud», aseguran.
Así, desde el departamento que dirige Ana Redondo han valorado «positivamente», en declaraciones a Europa Press, el pronunciamiento y consideran que «fortalece la seguridad jurídica y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos como parte integrante del sistema público de salud».