Portugal dará permisos de residencia, trabajo y acceso a la sanidad a los inmigrantes en proceso de regularización
Garantizará las coberturas a todos los que solicitasen los papeles antes del 18 de marzo
Redacción / La Voz
Mientras en España Vox plantea que los sin papeles paguen por la atención sanitaria mientras dure la pandemia del coronavirus, en Portugal el gobierno del socialista Antonio Costa ha anunciado que dará permisos de residencia, trabajo y acceso a la sanidad a todos los inmigrantes que se encuentren en proceso de regularización.
Fue el ministro de Administración Interna del país luso, Eduardo Babrita, el que anunció ayer las autorizaciones provisionales de residencia y el acceso a los servicios públicos de las personas inmigrantes que estén intentando regularizar su situación en el país. En declaraciones al diario «Público», aseguró que la medida era un «deber» de una «sociedad solidaria en tiempos de crisis». De ahí que los inmigrantes que hayan solicitado la residencia o el asilo antes del 18 de marzo, tendrán acceso al sistema.
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La orden ministerial, como recogen agencias, se publicó ayer por la noche y prevé que cualquier documento de solicitud de residencia o permiso de trabajo «sea considerado válido ante todos los servicios públicos». El objetivo es «garantizar inequívocamente los derechos de todos los ciudadanos extranjeros con procesos pendientes». «En estado de emergencia la prioridad es la defensa de la salud y la seguridad colectiva. En estos momentos es aún más importante garantizar los derechos de los más frágiles como es el caso de los migrantes», dijo Cabrita.
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Redacción
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El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decretó este miércoles el estado de emergencia pese a la división en las fuerzas parlamentarias sobre si debía hacerlo o no y a pesar de que en su territorio hay detectados menos de 700 casos y se han producido dos muertes por coronavirus. La decisión fue ratificada después por la Asamblea. Las medidas que implica serán desarrolladas hoy en el Consejo de Ministros.
El primer ministro, António Costa, mostró el apoyo del Gobierno a la propuesta del jefe del Estado pese a que la izquierda era partidaria de adoptar antes otras medidas, mientras que los conservadores PSD y CDS apoyaban la decisión de Rebelo de Sousa de decretarlo cuanto antes.
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