El precio de los dispositivos podría aumentar tras la histórica multa antimonopolio de la Unión Europea

La Comisión Europea asestó ayer el mayor golpe contra prácticas anticompetitivas de su historia. El extraordinario guantazo se lo llevó Google en forma de multa, solo un año después de haber abonado 2.400 millones de euros por abusar de su posición dominante para favorecer a su comparador de precios Google Shopping.

El gigante estadounidense tendrá que abonar en esta ocasión 4.340 millones de euros a la UE por haber abusado desde el año 2011 de su posición privilegiada para restringir la competencia y afianzar el poderío de su motor de búsquedas, principal fuente de negocio de la compañía.

Bruselas culmina así una investigación que arrancó en el 2015 y que concluye tres años después con la certeza de que la empresa se sirvió de la buena acogida que tiene su sistema operativo (de código abierto) Android para imponer condiciones restrictivas y de exclusividad a los fabricantes de móviles y operadores de red con el objetivo de dirigir la navegación de los usuarios únicamente a través de su buscador. «Sus prácticas le han denegado a sus rivales la posibilidad de innovar y competir por su propios méritos. Y han denegado a los consumidores europeos los beneficios de una competitividad efectiva. Esto es ilegal», señaló ayer la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Google no tardó en reaccionar y lo hizo para mostrar rechazo absoluto a una decisión que recurrirán: «Android ha creado más opciones para todo el mundo, no menos. Un ecosistema vibrante, innovación rápida y precios bajos son los sellos clásicos de la competencia robusta. Apelaremos la decisión de la Comisión», aseguró ayer el portavoz de la compañía, Mark Jansen. Vestager rechazó de plano sus argumentos. Según Bruselas, la compañía forjó un vínculo indivisible entre el sistema Android y sus aplicaciones de búsqueda a través de la preinstalación obligatoria de su buscador en «prácticamente todos» los dispositivos. El segundo motivo de sanción está en los «pagos ilegales» que hizo la compañía para asegurarse de que los fabricantes y operadores contaban con incentivos suficientes para instalar «en exclusiva» su buscador en los móviles, excluyendo a los rivales. La tercera y última causa fue la «obstrucción ilegal» y deliberada al desarrollo y distribución de sistemas operativos Android competidores. ¿Cómo? Restringiendo el acceso a sus aplicaciones si el fabricante instalaba una versión de ese sistema operativo no autorizada por la compañía. Google asegura que lo hacía para evitar la fragmentación y mal funcionamiento de sus aplicaciones, pero Bruselas cree que son excusas.

Bruselas seguirá muy de cerca los pasos de Google para evitar el abuso de monopolio. 

¿Qué exige Bruselas a Google?

Cumplir las normas. Ni más ni menos. Vestager quiere que la compañía abone la multa y busque fórmulas «razonables y justas» para no incurrir de nuevo en esas tres prácticas monopolísticas y anticompetitivas. «Es responsabilidad de Google garantizar su cumplimiento», insistió la danesa. La empresa analizará este verano las opciones que tiene sobre la mesa para mover ficha sin dañar su actual modelo de negocio. 

¿De cuánto margen de tiempo dispone para cumplir?

De noventa días. A mediados del mes de octubre Google deberá tener listo un plan para abrir el mercado a la competencia y garantizar que se levantan todas las barreras a las firmas rivales, independientemente de los recursos que presente ante la justicia europea. Y deberán hacerlo rápido, porque si incumplen el plazo se exponen a otra multa equivalente al 5 % de la media de la facturación global diaria de su matriz, Alphabet, que vienen siendo dos semanas de ingresos. No obstante, la compañía dispone de un colchón de seguridad frente a emergencias de 88.500 millones. 

¿Quién se embolsa la multa?

Google tendrá que depositar los 4.340 millones en una cuenta bancaria cerrada. Desde allí se repartirá entre los Estados miembro de la UE. La clave de reparto guarda proporción con la contribución que hace cada país a los presupuestos comunitarios. 

¿Qué consecuencias tendrá sobre los consumidores?

Dependerá de la decisión que adopte la compañía. Si Google decide empezar a cobrar por sus aplicaciones podría cargar el coste al fabricante (por preinstalación) o al usuario (al descargar sus aplicaciones). En cualquier caso, el precio de los dispositivos se encarecería. Vestager cree que el aumento del precio de los móviles no es irremediable. «Hay una teoría que dice que los precios subirán, pero cuando hay más competitividad, los precios bajan», aseguró la comisaria. Tampoco está claro que la apertura vaya a afectar a Google. Su dominio es tan abrumador, que, a pesar de abrir las puertas a los competidores, los fabricantes seguirían apostando por preinstalar sus servicios.