Multas de hasta 300.000 euros para los infractores


En la práctica, la norma eliminará todos los obstáculos para exigir la retirada de contenidos presuntamente ilícitos en Internet, e incluso bloquear el acceso no solo a portales de enlaces, sino también a los sitios web que «hayan causado o sean susceptibles de causar daño patrimonial». Aunque con menos de dos años de vida, la llamada ley Sinde, que ahora se modifica con este proyecto resultaba poco operativa porque exigía unos trámites burocráticos que retrasaban considerablemente el proceso administrativo dirigido al cierre de las webs que infringían los derechos de autor.

¿Cuál es la nueva estrategia para actuar contra la piratería?

La ley refuerza notablemente los poderes de la Comisión de Propiedad Intelectual, que no solo podrá actuar contra las páginas que alojen contenidos ilegales, sino que, y aquí radica uno de los grandes cambios, podrá intervenir contra las webs de enlaces a las descargas. Podrá obligar a los proveedores de servicios, con permiso judicial previo, a retirarlos y a los anunciantes a anular su publicidad. Hasta ahora, las sentencias judiciales avalaron la legalidad de los portales de enlaces, cuestión en la que no se entra, aunque a partir de ahora estas webs quedan abocadas a la inviabilidad económica.

¿Qué multas habrá?

Las sanciones por incumplir la ley irán de los 30.000 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.

¿Y la copia privada?

La norma actual permite hacer copias privadas de las obras siempre que se haya accedido a ellas de forma legal. Ahora se reduce a aquellas hechas a partir de «un soporte original adquirido en propiedad por compraventa comercial». La copia deberá hacerse por medios propios, sin asistencia de terceros.

¿Quién pagará los derechos de propiedad?

Una única sociedad se encargará del pago de los derechos de propiedad intelectual, que deberá unificar las tarifas dependiendo de los colectivos afectados, como hostelería o locales de ocio.

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