Comunidad autónoma y concellos han de sufragar buena parte de los logros del modelo
02 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Un total de 4,5 médicos por cada mil habitantes, 0,3 menos que en el conjunto del Estado. En torno a 3,7 plazas de hospital por millar de vecinos, 0,2 más que en España. Un índice de alfabetización del 98,2 %, un 0,5 % más que en todo el Estado. Más de un 22 % de población mayor de dieciséis años con educación superior. Esas son algunas de las cifras que dibujan el mapa del Estado de bienestar en Galicia, donde la sanidad y la educación se llevan en torno al 60 % de los fondos de la comunidad.
Y es que en España la gestión de esos dos pilares fundamentales de las políticas de bienestar está delegada en las comunidades autónomas. En cambio, las prestaciones por jubilación y desempleo continúan corriendo a cargo de la caja central.
La cuestión ahora es cómo mantener los niveles de bienestar en un contexto en el que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) previsto para el 2012 está entre el 1,1 y el 1,3 %, entre dos y cuatro décimas menos del anunciado en septiembre. «Un escaso crecimiento autonómico implica menos recursos y, en consecuencia las transferencias por parte del Gobierno central son menores», dice el economista Xaquín Álvarez Corbacho.
Garantizar la prestación sanitaria es también ahora uno de los reclamos utilizados por la Xunta a la hora de pedir al Ejecutivo central los 805 millones de euros del plan de financiación.
El pasado mes de julio, la conselleira de Facenda explicaba ya en el Parlamento que con la retención de esos fondos estaba en juego el Estado de bienestar. Lo hacía durante una comparecencia previa a una reunión con Hacienda donde luego reclamó un total de 243 millones para este ejercicio.
Ese escenario ha hecho resurgir ahora el debate sobre el modelo de financiación autonómica. Frente a algunas voces que reclaman una reforma, economistas como Álvarez Corbacho apuntan que excepto que esto durase mucho no hay problema con el modelo actual.
Donde hay un problema es en los municipios. Durante los años de bonanza, cuando el ladrillo engordó las arcas de muchos gobiernos locales, hubo concellos que fueron asumiendo, poco a poco, competencias propias de otras administraciones. Para mejorar la calidad de vida de los vecinos y ganar unos votos, abrieron líneas de ayuda social. Ahora no hay dinero para sufragar sus costes. Las prestaciones están en el aire.
La ecuación no da por muchas veces que se repase. Menos ingresos. Más gastos. Y creciendo. Ese sencillo argumento es el que apoya la urgencia de reformar el modelo de Estado de bienestar. Pero dentro de ese giro que pide el nuevo contexto económico social que vive Europa hay una materia que los distintos organismos competentes deberían abordar con urgencia. Es iniciar la guerra contra el fraude fiscal.
Esa lucha podría traducirse en el incremento de ingresos, algo que podría ser capaz de reducir notablemente el recorte de gastos que tienen que asumir las Administraciones para evitar que los números rojos las ahoguen.
Los cálculos realizados por el colectivo de técnicos de Hacienda, Gestha, apuntan que la economía sumergida resta a la comunidad cada año en torno a unos 2.000 millones de euros en ingresos.
La cantidad sería suficiente e incluso sobraría para equilibrar, por ejemplo, la balanza entre ingresos y gastos de la Xunta correspondiente al ejercicio del 2010, cuando los segundos superaron en 1.414 millones a los primeros. Todavía quedarían en la reserva más de 500 para dedicar a prestaciones.