Obligará luego a las empresas a pagar la restauración de los terrenos que se hayan degradado La iniciativa también se llevará a cabo en los emplazamientos de titularidad pública.
05 feb 2005 . Actualizado a las 06:00 h.La Consellería de Medio Ambiente ha encargado la elaboración de un censo de actividades de riesgo susceptibles de provocar la contaminación del suelo. El objetivo es que el diagnóstico de la situación esté disponible para después del verano con el objeto de incorporar posteriormente las medidas de restauración que sean necesarias. La iniciativa no sólo se dirigirá a aquellos emplazamientos ocupados por empresas o por otro tipo de centros de actividad industrial, como es el caso de las gasolineras, sino que también, y por primera vez, examinará el estado de salud de los terrenos dependientes de la Administración, bien de la propia Xunta o de los municipios. Novedades Esta nueva ofensiva para conocer el grado de contaminación de los suelos gallegos y proceder a su limpieza y restauración presenta novedades muy importantes con respecto al anterior inventario realizado en toda España dentro del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados, ya que a partir de ahora las administraciones dispondrán de una herramienta útil de la que antes se carecía y por la que se podrá catalogar sin ningún género de dudas cuándo un determinado terreno está sometido a procesos de polución industrial. Un real decreto aprobado recientemente por el Gobierno central es el que ha establecido una metodología que incorpora una serie de tablas comparativas «que nos permitirán conocer por primera vez cuándo un suelo está realmente contaminado y cuando no lo está», según explicó el director xeral de Avaliación e Calidade Ambiental, José Manuel Campaña. En la práctica, esto supondrá que, una vez conocido el dictamen, la Xunta podrá aplicar a las industrias o propietarios de las fincas contaminadas el principio de quien contamina paga. O lo que es lo mismo, el responsable de la polución será el encargado de costear las medidas necesarias para evitar la degradación del suelo o, en el caso de que ya estén contaminados, de abonar los costes de su limpieza y recuperación. En los últimos años, la Xunta elaboró una investigación en detalle -con análisis químicos, catas y estudios históricos sobre el uso del terreno- en 60 emplazamientos en los que se desarrollaban actividades de riesgo. De ellos, en 41 espacios fue necesario llevar a cabo actuaciones de restauración. En buena parte de estos casos, el coste de los trabajos tuvo que ser financiado por la Administración. «Bien es verdad que también contamos con la sensibilidad de las empresas y que, aunque no estaba delimitada la contaminación, asumieron de forma interna los procesos de rehabilitación». En Galicia, los mayores esfuerzos de descontaminación de espacios alterados se hicieron entre 1995 y 1998, coincidiendo con los primeros años del plan nacional.