El Gobierno aprueba la Ley de Montes y la envía al Congreso para su tramitación

Paloma Abejón MADRID

SOCIEDAD

21 mar 2003 . Actualizado a las 06:00 h.

El Consejo de Ministros aprovechó la celebración ayer del Día Forestal Mundial para dar luz verde al proyecto de la Ley de Montes, que será remitido a las Cortes Generales para su aprobación. La nueva ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, ha dado el empujón definitivo a un proyecto que entre otras novedades pone en marcha la prohibición del cambio de uso de los suelos por razón de incendio, una medida de suma importancia para Galicia. Tras un arduo proceso de negociación, que incluyó el análisis e incorporación de 1.200 alegaciones, el texto cuenta con el visto bueno de la mayoría del sector, aunque no de todo, y tampoco ha logrado el apoyo de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Baleares, Aragón, Andalucía , que lo consideran «precipitado». La superficie forestal de España ocupa más de la mitad del territorio y es de 26 millones de hectáreas, de las cuales el 72% se encuentra en manos privadas, según explicó Rodríguez, que recordó que el valor de los montes españoles «en sus aspectos productivos, recreativo y ambiental asciende a más de 164.000 millones de euros». El concepto de monte recogerá a partir de ahora, por primera vez, las dehesas. La administración local El texto que se envía para su tramitación parlamentaria reconoce a las comunidades autónomas como las principales responsables y ejecutoras de las competencias forestales y es que la ministra no obvió que «las entidades locales son las propietarias de más del 80% de los montes públicos, por lo que la ley revitaliza su papel apostando por la colaboración entre las Administraciones para beneficio forestal de todos». Rodriguez cree que la nueva ley «refuerza también el papel del catálogo de montes de utilidad pública y los homologa al dominio público forestal, que tras la nueva ordenación alcanzará más de 7 millones de hectáreas». Según afirmó, «los propietarios de los bosques son los responsables de su gestión técnica y material y, por tanto, los propietarios de los recursos forestales producidos en ellos, incluidos los frutos espontáneos, y tendrán derecho a su aprovechamiento».