La Comisión Europea todavía está enzarzarda con las autoridades españolas sobre dos denuncias ecológicas que afectan a Galicia, y que tienen que ver con los vertidos en las rías de Vigo y Pontevedra. Si España no subsana el problema en los próximo meses, estos casos podrían ir a parar a manos de los jueces del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que a lo largo de este año y el próximo deberán pronunciarse sobre una decena de denuncias contra el Estado español. Las aguas para el baño Una de las sentencias más esperadas es la relativa al incumplimiento reiterado de la directiva sobre calidad de aguas de baño. Cada vez que la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström presenta su informe anual sobre esta materia, resalta las deficientes condiciones que presentan los ríos y pantanos españoles. Según Bruselas, el 31 por ciento de las áreas de baño interiores (utilizadas en época estival por numerosas personas) analizadas en territorio español no presentan la calidad mínima aceptable, porcentaje que en la zona del litoral es inferior al 2 por ciento. Aparte de las aguas de baño, la Alta Corte de Luxemburgo también deberá pronunciarse por siete vertederos de residuos que incumplen la normas europeas, por el retraso en la adaptación de la normativa sobre impacto ambiental, así como por los los incumplimientos, entre otros, de las directivas sobre microorganismos modificados genéticamente y la que obliga a informar sobre el contenido de CO2 en los carburantes.