La proliferación de estaciones base de telefonía móvil viene suscitando desde hace más de un año una polémica que lejos de remitir se aviva cada día más. Buena parte de esta situación se debe al vacío legal que existe, a la espera de que se concrete en el Congreso la propuesta de normativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que obligará a las empresas a cumplir con los límites de exposición a emisiones radioeléctricas fijados por la UE. Pero mientras el marco legal sigue sin definirse, la proliferación de antenas continúa siendo el principal motivo de crítica e incluso de movilizaciones por parte de colectivos sociales de casi toda Galicia. Compartir infraestructuras. La ley que prepara el Gobierno no obligará a las empresas de telefonía a compartir infraestructuras, algo que vienen reclamando tanto asociaciones vecinales como ecologistas. A lo sumo, en algunas ordenanzas municipales de Madrid y Cataluña se invita a las empresas a ofrecer sus servicios desde una misma torreta. En Galicia, el Concello de Lugo ha llegado a un acuerdo pionero con tres compañías para que unifiquen sus instalaciones. Comunidades. Muchas comunidades de vecinos llegan a acuerdos con las compañías para instalar las estaciones base de telefonía en los edificios, pero el problema estriba, como ocurrió en el caso que motivó la sentencia de Bilbao, cuando uno de los vecinos no está de acuerdo. Las comunidades pueden recibir entre 800.000 y un millón de pesetas al año por ceder sus instalaciones.