Cerca de extinguirse (¡váyase al diablo en buena hora!), el aún vigente sistema de acceso a la Universidad -una auténtica máquina de hacer sufrir en los dos cursos de bachillerato a docenas de miles de estudiantes-, no puede estar peor diseñado ni ser, por tanto, más disparatado. Y ello, al menos, por tres motivos esenciales.
Primero: porque el examen, cuyos contenidos dependen de cada sistema universitario regional, no es el mismo en consecuencia para todos los estudiantes del país, pese a que todos pueden acceder luego a cualquiera de sus universidades. Dicho en plata: el estudiante que hace un examen de selectividad más fácil en un territorio universitario y obtiene con ello una calificación mejor puede matricularse luego en la universidad de un territorio donde el examen de selectividad ha sido más difícil y donde, por tanto, las calificaciones son más bajas.
Segundo: porque una parte sustancial de la nota final (6 puntos sobre un máximo de 14) está en función de la media del bachillerato, con lo que las potenciales desigualdades no dependen ya de un número reducido de contenidos de examen territorializados, sino de docenas de miles de colegios, entre los que resulta sencillamente imposible que los criterios de calificación sean uniformes.
Tercero: porque el modelo de examen supone que miles de correctores apliquen criterios que, incluso dentro de un mismo lugar y asignatura, solo pueden aspirar a parecerse. Ya no digamos cuando se trata de materias donde el criterio del corrector es claramente subjetivo, como sucede sobre todo, aunque no únicamente, con los llamados comentarios de texto. Y ello en unas pruebas donde poder acceder o no a la carrera deseada depende de décimas, cuando no de centésimas, lo que se compadece de la peor manera imaginable con el examen de la PAU.
Según ya he sostenido aquí en otra ocasión, los vicios de tal sistema, origen de flagrantes injusticias, solo podían superarse de una forma: con un examen tipo MIR, consistente en un test igual para todos los estudiantes españoles, del que dependiese por entero, o casi, la nota de acceso a cualquier escuela o facultad.
En lugar de ello el inefable ministro Wert -genio y figura- ha optado por todo lo contrario: por hacer depender el acceso de las universidades, las que podrían ponerlo en manos, a su vez, de cada centro. Solo hay que conocer cómo se ha traducido tal poder de universidades y facultades en la planificación de los mapas de titulaciones, en la elaboración de los planes de estudio o en la fijación de los calendarios de exámenes, para saber qué nos espera en el futuro: el camarote de los hermanos Marx. De hecho, aquel desorden va a ser nada para el que se organizará cuando cada quien haga lo que le venga en gana. Eso sí, con mucha descentralización y mucha autonomía.