La nueva alcaldesa de Santiago ve «lóxico» que el Concello se persone en la causa del policía local investigado por mordidas

Xurxo Melchor
Xurxo Melchor SANTIAGO

SANTIAGO CIUDAD

La nueva alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, junto a su antecesor en el cargo, Xosé Sánchez Bugallo.
La nueva alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, junto a su antecesor en el cargo, Xosé Sánchez Bugallo. XOAN A. SOLER

Goretti Sanmartín pide informes a la asesoría jurídica y a Urbanismo y cree que el Ayuntamiento tiene que defender sus intereses en el juzgado

24 jun 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

Ni un respiro ha tenido Goretti Sanmartín (BNG) tras su aterrizaje en la alcaldía de Santiago. Son muchos los frentes abiertos. Unos ya sabidos y otros sobrevenidos, como enterarse de que el Concello no está personado en la causa del policía local adscrito al área de Urbanismo investigado por cobrar presuntamente mordidas a cambio de licencias de obra y actividad o de no abrir expedientes. Nada más tener conocimiento de que el Ayuntamiento no actúa en los juzgados ni como acusación ni como perjudicado, la regidora ha pedido a la asesoría jurídica municipal «unha revisión desa cuestión» y ya avanza que «é posíbel que reconsideremos o tema».

No esconde la nacionalista su extrañeza tras enterarse de que el Concello se ha mantenido al margen de esta investigación judicial pese a que mancha a dos departamentos municipales de tanta importancia como el de Urbanismo y la Policía Local. El malestar en estas áreas con la no personación es notorio, ya que el agente investigado habría utilizado nombres de otros funcionarios dejando entrever que el dinero era para ellos. «Prefiro agardar a ter ese contraste ca asesoría xurídica e Urbanismo, pero nós, como goberno, temos a intención de facer o posíbel por defender os intereses do Concello e se se pode neste momento, unha vez que se estude toda a causa, desde logo o que entendemos é que sería bastante lóxico e que o Concello xa debía estar presentado. O estamos estudando na liña de presentarnos, pero non o podo dar por feito», señala la regidora.

A la hora de explicar por qué el Ayuntamiento no ha actuado en los tribunales en este procedimiento pese a la gravedad que tiene por tratarse de un caso de presunta corrupción urbanística, la asesoría jurídica se ha justificado ante la alcaldesa señalando que no recibió ninguna notificación de los juzgados a este respecto.

El caso saltó en junio del 2018, aunque un mes antes ya estaba circulando una grabación de voz en la que el policía municipal presuntamente solicitaba a unos vecinos mil euros a cambio de no actuar contra un muro ilegal en su propiedad. Entonces era alcalde Martiño Noriega (Compostela Aberta), que actuó con contundencia por recomendación del entonces jefe del cuerpo, José Manuel Traba, abriendo una información reservada y apartando de sus funciones al agente, F. P. B., al que le fue retirada el arma y se le impidió el acceso informático y presencial a los expedientes urbanísticos.

Un año después, en abril del 2019, el policía local fue detenido investigado por cohecho, falsedad documental y delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo. En junio accedió a la alcaldía Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG), y es bajo su mandato que el Concello no se ha personado en un caso cuya instrucción judicial ha sido lenta. El proceso ha dado un paso reciente ahora al transformarse en un procedimiento del tribunal del jurado al tratarse de un delito de corrupción.

El agente cogió la baja médica y ya no volvió a reincorporarse

Tras hacerse público que un policía local de Santiago estaba siendo investigado por el posible cobro de mordidas en la concesión de licencias, F. P. B. cogió una baja médica y ya no ha vuelto a reincorporarse a su puesto de trabajo en el cuerpo de seguridad municipal, en el que por entonces llevaba cerca de 25 años, la mayoría de ellos trabajando adscrito al departamento de Urbanismo.

El agente no es el único que figura como investigado en esta causa, ya que en las diligencias figuran también una decena de personas que serían las que habrían presuntamente pagado a cambio de licencias de obra y actividad.