Dueños de pisos turísticos acusan a Raxoi de dificultar su regularización

Decenas de propietarios se quejan de los «obstáculos» ante la llegada de sanciones


Santiago / La Voz

Consideran que están siendo objeto de una «campaña persecutoria» orquestada desde diferentes frentes, a la que se ha sumado el Concello de Santiago. Decenas de propietarios de viviendas de uso turístico han manifestado su malestar ante las «trabas y obstáculos» que les pone el departamento de Urbanismo para regularizar su situación, más cuando se ha anunciado el inicio de las inspecciones y de las sanciones en una actuación coordinada entre el gobierno local y la Xunta. Sienten que se les está poniendo entre la espada y la pared.

«Hay casos que hicieron su solicitud cuando entró en vigor el decreto de ordenación de viviendas turísticas en Galicia (el 10 de mayo) y todavía están esperando respuesta», señala Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga). «Otros ya desecharon las gestiones, porque todo eran problemas en el departamento de Urbanismo. Estamos recibiendo continuamente llamadas y correos de gente de Santiago en esta situación», explica.

Asegura que «los propietarios han iniciado la senda de la profesionalización», pero se están encontrando con piedras en el camino, y muchos que han tramitado su correspondiente licencia están «a expensas de algún documento o papel del Concello», cuando no los han desanimado a seguir adelante con el proceso.

Reunión en el Ensanche

«Nos parece vergonzosa» la conducta del gobierno de Santiago, dice Aguín. Por ello, la asociación a la que representa y que defiende los intereses de miles de propietarios en la comunidad autónoma, ha dado un paso al frente y ha convocado a todos los propietarios de viviendas vacacionales de la ciudad a una reunión informativa en la que se abordará el conflicto. Esta tendrá lugar el próximo sábado, día 24, en el local sociocultural El Ensanche.

«Se nos está culpabilizando y persiguiendo», lamenta la presidenta de Aviturga, que no entiende que el Concello de Santiago haya destinado 21.000 euros «de dinero público», enfatiza, a un estudio sobre viviendas de uso turístico no regladas y «que no se interese por el impacto económico de esa actividad en la ciudad». Recuerda que con una segunda vivienda destinada al alquiler no solo se obtiene un ingreso adicional para la economía familiar. Sus propietarios también pagan hipotecas e impuestos municipales, a la vez que revierten parte del mantenimiento del inmueble, pues requiere de continuos arreglos y servicios que llevan a cabo albañiles, pintores, fontaneros, lavanderías, empresa de limpieza y otros negocios locales.

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