Pues es una noticia muy buena, oiga: el Ayuntamiento compostelano comenzó a multar a viviendas de uso turístico (VUT) que funcionan sin licencia. O sea, al margen de la ley. Porque de eso va la cosa: de estar dentro de la ley o fuera de ella. Es cierto que por razones políticas las
VUT eran miradas con cierta comprensión, y Santiago, además, no tiene capacidad para alojar a tanto turista y peregrino en los meses estivales,
pero hacer la vista gorda nunca es una solución. Publicaba este periódico que el INE aseguraba que en agosto del 2020 había en Santiago 759 VUT (3.425 plazas), pisos pirata aparte. En noviembre del año pasado los números habían bajado: 374 y 1.734. El REAT, Registro de Empresas y Actividades Turísticas (de la Xunta) discrepaba y recogía 668 hace dos meses, que igualmente señala un descenso de las VUT del 17% en dos años. En cualquier caso, una fuerte bajada. Y eso, en momentos en que la vivienda aquí y en Andalucía está por las nubes, debe archivarse en la carpeta de las cosas positivas.
El desmadre que existe con las VUT necesita de un par de lecturas para entenderlo, y la mayor parte de las que echan el cierre es justo porque carecen de los requisitos legales para seguir abiertas, no por persecución por parte de Raxoi o de la Xunta. Y eso quiere decir que se estaba dando
un mal servicio al turista y al peregrino, que son el tejido productivo de Compostela: de ellos vive todo el mundo local, polígono del Tambre
aparte. Como anécdota previsible, el responsable del ramo del Ayuntamiento disparó contra la Xunta. Le va en la nómina. El caso es que se empieza a aplicar al infractor no mano dura —que también bienvenida sea— sino, simplemente, la ley.