La lentitud de la Justicia: Más de tres años para determinar que un hombre insultó a su pareja en O Milladoiro

Xurxo Melchor
Xurxo Melchor SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

Jueces en la Audiencia Provincial de A Coruña.
Jueces en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Un simple delito leve de vejaciones injustas, penado con solo 60 euros de multa, se retrasó de manera que la propia sentencia califica de «excesiva»

30 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Justicia, en España, es lenta. En ocasiones, supera incluso ese calificativo y adquiere otro, el de desesperante. Es un defecto que acepta de forma cotidiana el propio sistema, que aplica con naturalidad la atenuante de dilaciones indebidas para rebajar condenas, precisamente, porque el procedimiento se prolongó de manera que no estaba justificada.

Ese colapso permanente en el que vive la Justicia se debe fundamentalmente a la falta de medios humanos. En la Unión Europea, la media es de 2,2 jueces por cada mil habitantes, el doble que en España, que ocupa el furgón de cola de este ránking con solo 1,2 y está a años luz de su cabeza, en la que están Luxemburgo (3,9), Alemania (2,4) y Grecia (2,3). Esa acuciante falta de magistrados explica que la experiencia del ciudadano con los juzgados suela ser, sobre todo, de sorpresa por lo despacio que avanzan los procedimientos por simples que sea.

Un buen ejemplo de esta lentitud estructural es un asunto por una denuncia de una mujer contra su pareja en O Milladoiro (Ames) que se inició el 30 de noviembre del 2021 y que no se resolvió en primera instancia hasta el 16 de marzo del 2025, más de tres años después. Y eso que el procedimiento llevaba paradójicamente el calificativo de juicio rápido.

Todo ese tiempo estuvieron denunciante y denunciado pendientes de la balanza de la Justicia, con una acusación de violencia machista que finalmente el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago resolvió con absolución de ese cargo y tan solo considerando culpable al hombre de un delito leve de vejaciones injustas por haber llamado «puta» a su pareja en el transcurso de una discusión en la que ella aseguraba que, además, también le había propinado una bofetada. Este último extremo no lo consideró probado el juez, de ahí que todo el caso terminase con una simple condena de 60 euros de multa.

Los propios hechos probados de la sentencia ya admiten que tanta espera no fue de recibo y señalan: «En la instrucción y enjuiciamiento de esta causa se han invertido más de tres años que resultan excesivos para la naturaleza del procedimiento y que no resultan imputables a la conducta procesal del acusado».

Y con esas palabras de esa primera sentencia no se acabó el asunto. Aún hubo que esperar algo más, porque el acusado presentó un recurso de apelación ante la sección compostelana de la Audiencia Provincial que no se resolvió hasta el 1 de septiembre de este año. El tribunal lo rechazó, confirmando el fallo del Juzgado de lo Penal, pero extendiendo el tiempo total de espera a nada menos que tres años, nueve meses y dos días. O, lo que es lo mismo, 1.371 días. Y la resolución aún no era firme cuando se emitió, ya que aún cabía recurso de casación.

Si para decidir si en una discusión en un dormitorio conyugal cualquiera hubo o no un insulto y una bofetada la Justicia tarda más de tres años, no es de extrañar que causas verdaderamente complejas, como asesinatos o casos de corrupción, puedan enredarse en los juzgados durante seis, ocho o diez años sin que se resuelvan. Un tiempo que, por excesivo, hace bueno esa queja popular que dice: «Justicia lenta no es Justicia».